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XALAPA.- Luego de la detención y la aplicación de prisión preventiva a tres exdirectivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que los procesos penales iniciados contra los exfuncionarios seguirán su curso “hasta donde tenga que llegar” y sin interferencias del Poder Ejecutivo. Después de que un juez de control dictara prisión preventiva justificada por un año a Sergio “N”, Víctor de Jesús “N” y Frida Narayana “N”, imputados por incumplimiento de un deber legal y peculado, entre otros delitos, la mandataria estatal sostuvo que su gobierno actuó tras un proceso de investigación iniciado meses atrás por denuncias de irregularidades administrativas y financieras. “Voy a ser cuidadosa porque tienen un proceso y no quiero interferir, pero efectivamente desde hace meses empezamos a tener manifestaciones y señalamientos de irregularidades en la universidad”, aseguró Nahle al referirse a las indagatorias que derivaron en las detenciones del pasado fin de semana. La mandataria estatal explicó que los problemas detectados en la UPAV incluían adeudos a docentes, deficiencias administrativas y afectaciones directas a estudiantes, principalmente en la entrega de documentos académicos y en la regularidad de las clases. Refirió que, ante esos señalamientos, su administración solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y sostuvo reuniones con representantes de fundaciones, directivos y autoridades universitarias, como parte de un procedimiento gradual previo a la presentación de denuncias penales. “Se hizo una investigación, se mandó a hablar a la fundación, al administrativo, al rector. Fue un proceso donde se observaron fuertes irregularidades y se procede”, reiteró. Nahle subrayó que la decisión de dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no respondió a criterios políticos, sino a la obligación legal de su gobierno de actuar ante presuntos desvíos de recursos públicos. “Es ya mi gobierno y yo tengo que actuar, sea quien sea. Dije: que se proceda, que vaya la denuncia y que se haga con la fiscalía anticorrupción, como debe ser”, señaló. Con relación al desarrollo del caso, la mandataria estatal reiteró que corresponderá exclusivamente al Poder Judicial determinar la responsabilidad de los imputados y definir las resoluciones de fondo conforme avance el proceso penal. “Efectivamente hubo detenciones y esto estará de acuerdo con un juez y a lo que corresponde en el Poder Judicial”, sostuvo. Nahle García señaló que, en paralelo al proceso penal, su prioridad es garantizar la continuidad académica de los estudiantes y regularizar la situación laboral de los docentes, luego de que el gobierno estatal asumiera el control total de la universidad mediante un decreto. Refirió que los adeudos a maestros deberán ser cubiertos con los recursos localizados en las fundaciones vinculadas a la operación de la institución, mientras que el Estado asumirá los pagos correspondientes conforme avance la reorganización administrativa. “Las fundaciones tendrán que pagar el adeudo a los maestros y nosotros empezaremos a pagar lo correspondiente”, sostuvo. La gobernadora reconoció que la absorción de la universidad por parte del Estado tendrá impacto presupuestal, pero afirmó que se trata de una decisión orientada a preservar el acceso a la educación superior. “Sí va a haber un impacto, pero para eso son nuestros impuestos”, afirmó. Por último, Nahle García reiteró que el caso no tendrá excepciones y que las investigaciones continuarán hasta el deslinde de responsabilidades. “Irá hasta donde tenga que llegar”, concluyó.
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