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Xalapa, Ver.-
El pasado 13 de enero, José Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), recuperó su libertad tras permanecer detenido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Koben. Abud, detenido el pasado lunes 12 de enero de 2026 junto con su esposa y su chofer, es imputado por el presunto delito de posesión de drogas. La detención, ocurrida el lunes, generó una reacción inmediata tanto en la comunidad universitaria como en organizaciones nacionales que respaldaron al rector. En un documento académicos, investigadores, estudiantes y docentes de diversas instituciones de educación superior, externaron: “La persecución política de la que han sido víctima los periodistas de Campeche se extiende ahora en contra de los académicos”. En el escrito signado por más de 80 académicos, acusa que el gobierno morenista de Layda Sansores está echando mano de su gestión, absoluta y sin contrapesos, para reprimir a quienes como José Alberto Abud, recién destituido a modo, de la rectoría de la UACM, mantienen una actitud crítica sobre su gestión. El gremio universitario, y académico en general, señaló que tras la detención del entonces rector obedece a un intento del Gobierno del Estado, por castigarle en virtud de sus opiniones “autónomas” en contra de éste. Aunque liberado el miércoles al término de la audiencia inicial, el Abud, de 73 años deberá afrontar un proceso penal en su contra. En adición, la misiva enarbola el hecho de que apenas liberado, Abud fue destituido de su cargo en la casa de estudios en una sesión express del Consejo Universitario, órgano que tuvo a bien designar a Fanny Guillermo Maldonado cabeza a modo de la rectoría interina. “Vamos a luchar por libertad y por la justicia social”, declaró Abud tras su liberación; su abogado, Edwin Trejo amplió el diálogo al manifestar que el académico verá determinado estatus jurídico el próximo domingo 18 de enero, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Trejo arguye que no se siguieron los protocolos correspondientes durante la detención del rector, además, explicó que no existen pruebas que acrediten de forma satisfactoria que el universitario efectivamente se hallara en posesión de la supuesta droga. En consonancia el jurista aseveró que los policías involucrados en la detención trasladaron el vehículo a la fiscalía, acto que contraviene los debidos procedimientos toda vez que la unidad debía permanecer en el sitio en el que se efectuó la requisa de la presunta sustancia para que personal especializado pudiera documentar el origen certero y la ubicación real de la evidencia. “Que se respete la ley orgánica de la UACAM y cese la injerencia externa en los asuntos internos de la institución”, figura como otra de las exigencias de los signatarios, además de aquella que demanda un proceso justo y respetuoso para el hoy exrector; “La autonomía universitaria es la potestad que tienen las instituciones para gestionarse sin la intervención del poder político. Su defensa es la vocación que todos los académicos hemos decidido acoger con la convicción de que es el entorno propicio para la formación de nuestros estudiantes”, agrega el escrito.
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