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XALAPA.- Con 39 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado avaló reformas a la Ley que crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) para centralizar en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la recaudación, administración y control de los recursos de la institución, además de establecer nuevas disposiciones en materia presupuestal y patrimonial. El dictamen, elaborado por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, establece que todos los ingresos y derechos de la UPAV deberán cobrarse exclusivamente a través de los sistemas electrónicos de la Oficina Virtual de Hacienda del Gobierno del Estado. De igual forma, se determinó que el rector deberá presentar anualmente un proyecto de presupuesto específico, el cual deberá ser validado por la Junta de Gobierno para poder ejercer los recursos. Las reformas también contemplan que los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos económicos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, pasen a considerarse parte del dominio público del Estado, lo que les otorga carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, además de impedir cualquier tipo de gravamen. De igual forma, se faculta a la Sefiplan para emitir las normas de control presupuestal y se obliga a que el presupuesto anual incorpore indicadores de gestión, desempeño y financieros. La aprobación del dictamen se dio tras confirmarse, por parte de la administración estatal, posibles actos de corrupción al interior de la UPAV. Sin embargo, diputados de oposición advirtieron que, pese a estos señalamientos, no se han iniciado acciones contra los presuntos responsables ni se ha transparentado el destino de los recursos obtenidos en ejercicios anteriores. Durante la discusión, el diputado Héctor Yunes Landa, del grupo mixto Veracruz Nos Une (VNU), advirtió que la reforma privilegia el control financiero y somete a la UPAV a las reglas del gasto público estatal al sectorizarla a la Secretaría de Educación. Además, el legislador señaló que el nuevo esquema genera obligaciones financieras que podrían no ser cubiertas con el presupuesto disponible y mencionó adeudos pendientes con docentes, además de cuestionar la continuidad de cobros que podrían contravenir el principio de gratuidad educativa. Desde el Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira Rosales San Román cuestionó quién asumirá la responsabilidad por los pagos atrasados a maestros y demandó claridad en el manejo de los recursos. La legisladora destacó que existen adeudos desde abril del año pasado y pidió que se finquen responsabilidades por el destino de las cuotas recaudadas. Por su parte, el diputado Adrián Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano (MC), recordó que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz ha sido señalada por presuntas irregularidades administrativas y por el manejo de recursos a través de asociaciones civiles. Afirmó que la centralización de la recaudación no soluciona de fondo estos problemas y solicitó un informe detallado sobre el uso de recursos de años anteriores, además de exigir que, en caso de detectarse irregularidades, se restituyan los fondos y se sancione a los responsables. En defensa del dictamen, el diputado José Reveriano Marín Hernández, de Morena, dijo que la iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle fortalece la estructura financiera de la UPAV mediante la recaudación electrónica, el control del patrimonio y la implementación de mecanismos de planeación y supervisión del gasto público. En los artículos transitorios se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Además, se fijó un plazo de hasta 90 días naturales para adecuar los estatutos y reglamentos internos, y de 60 días para que la Sefiplan emita las normas de control presupuestal, así como para conciliar e integrar al patrimonio universitario los recursos recaudados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma. Así las cosas.
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