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XALAPA.- Por considerar que se trata de una designación que genera alarma social y pone en entredicho el compromiso de las autoridades con los derechos humanos y la seguridad ciudadana, integrantes de la colectiva Marea Verde Altas Montañas manifestaron su profunda preocupación por el nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la Policía Municipal de Orizaba. A través de un pronunciamiento público, la colectiva señaló que dicho nombramiento se da en un contexto preocupante, ya que de manera pública se ha señalado que el funcionario habría sido procesado por presuntos delitos graves, entre ellos desaparición forzada, acoso sexual, tortura, lesiones y abuso de autoridad, durante su desempeño previo en cargos de seguridad pública. Ante estos señalamientos, el alcalde de Orizaba, Hugo Chahin Kuri, ha asegurado que Álvarez Valenzuela fue absuelto de las acusaciones; sin embargo, los activistas destacaron que hasta el momento no existe documentación pública que acredite dicha resolución judicial, lo que incrementa la incertidumbre y la desconfianza social. Marea Verde recordó que éste no es un hecho aislado, ya que en administraciones anteriores el municipio ha designado a mandos policiacos con antecedentes de señalamientos por desaparición forzada, situación que en su momento fue denunciada por colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos como una grave omisión institucional. A su juicio, la reiteración de estas prácticas evidencia una normalización de la violencia y un desprecio por la memoria de las víctimas. La colectiva advirtió que esta decisión impacta directamente en la percepción y en las condiciones reales de la seguridad pública en Orizaba, particularmente en lo que respecta a la protección de niñas, adolescentes y mujeres, quienes señalaron, enfrentan de manera cotidiana violencias estructurales y sistemáticas, muchas de ellas perpetradas o toleradas por autoridades que deberían garantizar su integridad. Por último, recordaron que tanto la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los mandos policiacos deben cumplir con criterios de honorabilidad, confiabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos. Concluyeron que nombrar a personas con antecedentes de violencia y abusos no sólo contraviene el marco legal, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres no son una prioridad para las autoridades. Así las cosas.
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