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Xalapa, Ver.- Luego de detectar abusos económicos en Veracruz y otras regiones del país, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que el Gobierno federal dará seguimiento a los casos en los que familiares o personas responsables de adultos mayores retienen total o parcialmente los apoyos de los Programas del Bienestar. Durante la conferencia matutina, la Secretaria explicó que, aunque en la mayoría de los casos las familias cuidan a las personas adultas mayores, existen situaciones en las que, por falta de movilidad o limitaciones físicas, los beneficiarios dependen de terceros para cobrar su pensión, lo que ha derivado en irregularidades. “Hemos encontrado casos difíciles”, reconoció la funcionaria. Indicó que estas situaciones se han identificado a partir del Programa de Salud Casa por Casa, mediante el cual personal federal visita a los adultos mayores en sus domicilios. Precisó que, además de la atención médica, existe coordinación con los gobiernos estatales para atender a personas en situación de abandono. “Tenemos una mesa con los Estados donde nos apoyamos para que los DIF puedan intervenir y respaldarlos”, aseguró. Montiel Reyes explicó que las y los servidores de la nación han detectado casos en los que los adultos mayores no reciben completo el recurso que les corresponde. “También nos percatamos que hay estos abusos”, sostuvo. Con relación a los mecanismos de protección, la titular del Bienestar dijo que las tarjetas cuentan con medidas de seguridad, aunque reconoció que cuando los beneficiarios entregan voluntariamente la tarjeta a un familiar, el programa depende de la buena fe de quien los auxilia. “Los candados están, pero dependemos también de que quien auxilia a los adultos mayores tenga la voluntad de apoyarlos”, explicó. Por último, la funcionaria federal llamó a respetar el destino de los recursos públicos destinados a este sector. “Estos recursos son para ellos”, afirmó, y destacó que el seguimiento cercano del personal federal permitirá detectar y atender oportunamente los casos de abuso económico contra personas adultas mayores.
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