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XALAPA.- Un sujeto identificado como Marco Antonio “N” fue imputado a proceso por un juez de control y se le dictó prisión preventiva oficiosa como presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene bajo resguardo por motivos de seguridad. De acuerdo con la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2023 en el municipio de Rafael Delgado, cuando el hoy imputado presuntamente acudió al domicilio de la víctima para luego trasladarla con rumbo desconocido. Tras la denuncia correspondiente, se activaron las indagatorias ministeriales para esclarecer lo ocurrido y dar con el probable responsable. Como resultado de las investigaciones, el imputado fue presentado ante un juez de control con sede en Orizaba, donde el Ministerio Público formuló imputación en su contra. Tras analizar los datos de prueba, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con lo que el señalado permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo del proceso penal. La Fiscalía General del Estado reiteró que las actuaciones se realizan con estricto apego a la legalidad, garantizando el respeto a los derechos humanos y al debido proceso, además de refrendar su compromiso de investigar de manera profesional los delitos de alto impacto y velar por la defensa y acompañamiento de las víctimas… ALREDEDOR DE 200 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente fueron retiradas en Xalapa entre enero de 2024 y el primer semestre de 2025, muchas de las cuales presuntamente habrían sido usadas para el halconeo digital. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, los operativos en la capital del estado forman parte de una intervención de seguridad que desarticuló 206 puntos de monitoreo en la zona centro del estado, incluyendo los municipios de Banderilla, Emiliano Zapata y Perote. Los registros oficiales obtenidos vía transparencia confirman que las fuerzas de seguridad del estado neutralizaron un total de 932 dispositivos de vigilancia clandestina distribuidos en el espacio público en todo el estado. Xalapa encabezó la lista estatal con aproximadamente 161 cámaras retiradas, en acciones realizadas en al menos ocho fechas distintas. A esta cifra se suman otros municipios del entorno metropolitano: Banderilla (29), Emiliano Zapata (11) y Perote (5), para un total regional de 206 dispositivos desmontados bajo la coordinación del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. El estado de Veracruz concentra actualmente más del 70% de desmantelamiento de este tipo de infraestructura en el país usada para el halconeo digital por el crimen en muchos casos. Según los reportes de la Secretaría de Marina, durante 2025 aseguró 894 cámaras instaladas por organizaciones delictivas en territorio veracruzano, una cifra que sitúa al estado como el principal foco de monitoreo ilegal en México. La variable en datos de la Semar con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz no necesariamente dispara el número de desmantelamientos de dispositivos, pues en la mayoría de los casos los operativos fueron conjuntos. Mientras Veracruz ronda en el millar de unidades desmanteladas, estados como Quintana Roo y Sonora reportaron 61 y 54 desmantelamientos, respectivamente, mientras que en Guerrero y Colima las cifras fueron mínimas o nulas, de acuerdo con datos oficiales de la Federación. La infraestructura de vigilancia funcionaba de forma coordinada con la distribución de estupefacientes al menudeo. La Marina reportó decomisos de marihuana y cocaína en las zonas donde operaban estos sistemas de cámaras. La correlación entre los puntos de vigilancia ilegal y las áreas de distribución en Veracruz apuntan a que la red tecnológica servía como un anillo de seguridad operativa. El sistema permitía anticipar la llegada de fuerzas federales y facilitaba la logística del tráfico local de drogas en municipios con alta densidad de cámaras en manos del narco como Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos. A nivel federal, la Marina ha retirado 1,231 cámaras en 11 estados del país. La infraestructura permitía a las organizaciones criminales mantener una hegemonía sobre puntos neurálgicos de movilidad. Las autoridades informaron que la neutralización de estos sistemas es parte de una operación continua para restablecer la libertad de movimiento de las instituciones de seguridad y eliminar la capacidad de anticipación de los grupos delictivos frente a las acciones del Estado.
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