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XALAPA.- Hay quienes dicen que alguien tuvo la ocurrencia de hablarle al oído a la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para que dejara pasar una orden de aprehensión en contra del periodista Lafita León, en el sur del estado, por los presuntos y absurdos delitos de “terrorismo y contra la seguridad pública” – dicen que el pretexto fue la cobertura que dio el reportero a un accidente que involucró a la hija de una abogada del sur del estado, que públicamente lo amenazó con hacerle “un desmadre” -, orden de aprehensión que fue ejecutada en plena Navidad, el 24 de diciembre, lo cual ha sido interpretado como un claro mensaje al periodismo crítico del estado para que deje de dar lata. El problema es que la Fiscalía y las autoridades del Estado lograron exactamente lo contrario, pues no solo unieron al gremio periodístico en apoyo del reportero de nota roja, sino que la organización internacional ARTICLE 19 emitió un pronunciamiento a la FGE para que respete el debido proceso y se abstenga de criminalizar la labor periodística. En el caso de la entidad, el gremio periodístico de Veracruz emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación y rechazo ante la detención de Rafael León Segovia, “Lafita” bajo la acusación de terrorismo. “Consideramos que esta imputación es desproporcionada y contraria a los principios básicos de un Estado democrático, pues el ejercicio del periodismo, la denuncia de abusos y la crítica a las autoridades no constituyen actos de terrorismo, sino derechos constitucionales protegidos por la libertad de expresión y el derecho de información”. En ese tenor, afirman: “Nos solidarizamos plenamente con nuestro colega y exigimos: 1. La inmediata aclaración del caso por parte del Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado. 2. El respeto irrestricto a la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia. 3. Garantías de seguridad y debido proceso para nuestro compañero y para todos los periodistas que ejercemos nuestra labor en condiciones de riesgo. Reconocemos y agradecemos la intervención de Artículo 19, organización internacional que ya ha tomado conocimiento del caso y ha exigido respuestas claras a las autoridades. Su acompañamiento refuerza nuestra convicción de que este proceso debe ser transparente y ajustado a derecho. El periodismo no es un crimen. La denuncia ciudadana y la labor informativa son esenciales para la vida pública y para la defensa de los derechos humanos. Criminalizar estas actividades bajo la figura de terrorismo es un intento de intimidación que no aceptaremos. El gremio periodístico de Veracruz permanecerá unido y vigilante. Seguiremos informando, denunciando y defendiendo la verdad, porque nuestra responsabilidad es con la sociedad y con la democracia”. En este marco, la organización internacional ARTICLE 19 exhortó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a respetar el debido proceso y a abstenerse de criminalizar la labor periodística, tras la detención del reportero Rafael León Segovia, acusado de terrorismo por su cobertura de la fuente policial. En un pronunciamiento, la organización defensora de la libertad de expresión dirigió una exigencia a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: evaluar de manera inmediata el nivel de riesgo del periodista y otorgarle medidas de protección adecuadas. El objetivo, según ARTICLE 19, es "salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio periodístico". La organización expuso que la cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas, en el caso del reportero conocido como "Lafita", detenido en el sur de Veracruz el 24 de diciembre en Coatzacoalcos bajo cargos que también incluyen terrorismo y delitos contra la seguridad del estado. El llamado de ARTICLE 19 sostuvo que el periodismo no es un delito, estableciendo el caso como un precedente de vigilancia. La orden de aprehensión del reportero se concretó en el proceso penal COA 718/202, girada por el Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del estado en Coatzacoalcos. Rafael León tiene más de diez años cubriendo la fuente policíaca y es conocido como “Lafita”. Ha laborado para las empresas Olmeca TV, Sureste Sur, Vanguardia de Veracruz, y actualmente su portal “Lafita León Noticias”, con transmisiones de choques, ataques armados, detenciones y denuncias ciudadanas. También forma parte de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC). Un llamado internacional para proteger a "Lafita". La intervención pública de la organización no se da en un vacío. Su propio registro documental sitúa a Veracruz como el estado con más casos de acoso judicial contra periodistas en México durante 2025. De 51 procesos nacionales documentados entre enero y julio, 10 se concentran en esta entidad. ARTICLE 19 ha identificado en Veracruz un patrón donde "una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios y organizaciones por una mera mención" crítica. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz continúa, según su informe, enviando notificaciones por estas denuncias masivas. A la par, la prensa en el sur de Veracruz se ha visto infiltrada por publi-relacionistas de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chivos. ARTICLE 19 concluyó su posicionamiento advirtiendo que "dará seguimiento puntual al caso".
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