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| Artículo 19 exige alto al 'uso arbitrario del sistema penal' de la Fiscalía de Puebla contra el periodista Rodolfo Ruiz. | ||||||
| El periodista Rodolfo Ruiz, director del medio e-consulta, enfrenta una imputación por lavado de dinero, un proceso judicial que se abrió y reactivó después de que publicara reportajes y columnas sobre los gobiernos de Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Armenta Mier, así como la propia Fiscalía de Puebla. | ||||||
| Viernes 19 de Diciembre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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“Este proceso representa un uso abusivo del derecho y se vislumbra como una represalia por sus publicaciones en las cuales expone extorsiones a empresarios por parte de funcionarios de la Fiscalía de Puebla”, se puede leer en el comunicado. Este viernes, Animal Político publicó que el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez enfrenta una imputación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero. Un proceso judicial que se abrió y reactivó después de que publicara reportajes y columnas sobre los gobiernos de Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Armenta Mier, así como la propia Fiscalía de Puebla. Un caso que adquiere una mayor dimensión por un posible conflicto de interés, ya que la dependencia que reactivó la investigación penal en su contra es la misma cuyas presuntas redes de extorsión y corrupción él mismo documentó hace unas semanas. Se trata de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, conocida como ORPI, perteneciente a la Fiscalía de Puebla, que es la misma autoridad que lleva el expediente contra Ruiz. Exigen frenar acoso judicial contra el periodista Rodolfo Ruiz en Puebla El pasado 17 de diciembre de 2025, el juez de control Joel Daniel Baltazar Ávalos, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Puebla, formalizó la imputación contra Ruiz por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta investigación, que la Fiscalía General del Estado tardó cinco años en integrar, ha resultado en la imposición de medidas cautelares que obligan al periodista a realizar firmas mensuales y le prohíben salir del país. Sin embargo, la organización Artículo 19 ha detectado serias violaciones al debido proceso y al principio de lealtad, señalando que el Estado no ha garantizado los medios necesarios para que el periodista prepare una defensa adecuada. Además, se denunció el quebrantamiento del principio de publicidad, debido a que el juez determinó realizar las audiencias a puerta cerrada, desalojando a medios de comunicación y familiares sin una justificación legal válida, como las que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales para casos de menores o delitos sexuales. El trasfondo: La fiscalía como juez y parte La relevancia de este caso radica en que el trabajo de Rodolfo Ruiz impulsó previamente investigaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), logrando la destitución de los titulares de la Fiscalía de Investigaciones de Operaciones con Recursos Ilícitos y de la Fiscalía de Alta Incidencia en Puebla por extorsionar a empresarios. Según el periodista, la reactivación se dio a finales de este año, inmediatamente después de que e-consulta publicó diversas notas que generaron profundo malestar en el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta. La primera publicación incómoda, titulada Nódica, el vigilante del ciberactivismo oficial, trató sobre la exposición del uso de una aplicación que, de acuerdo con la investigación, obligaba a servidores públicos de Puebla a publicar en sus redes sociales mensajes de alabanza al gobernador y su administración. Mientras que la segunda y tercera publicación incómodas fueron exhibidas en su columna de opinión titulada La corte de los milagros, en la que el periodista documentó una supuesta red de corrupción y casos de extorsión a empresarios en dos fiscalías clave de la entidad, incluyendo a la propia Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Por eso, el punto más álgido del caso radica en el hecho de que la ORPI, la misma fiscalía señalada por la investigación del periodista, es hoy la responsable de investigar a Rodolfo Ruiz, evidenciando un posible conflicto de interés que pone en duda la imparcialidad y objetividad del proceso penal. “El uso de procesos judiciales o ministeriales en contra de periodistas por parte de autoridades, pretenden el silenciamiento, la autocensura, y en este caso la represalia por haber documentado periodísticamente delitos por parte de funcionarios de la propia Fiscalía que hoy son acusadores”, señaló la organización. Puebla: Foco rojo de acoso judicial Pese a lo anterior, la organización Artículo 19 señala que este no es un incidente aislado, pues recientemente documentó que, en los primeros siete meses de este año, se registraron al menos 51 casos de acoso judicial contra la prensa en México, siendo Puebla un estado donde estos patrones de silenciamiento y autocensura se repiten de manera constante. En administraciones estatales pasadas, tanto Ruiz como el medio e-consulta han sido blanco de más de ocho procesos legales similares. Ante este escenario, Artículo 19 hace un llamado urgente al Poder Judicial de Puebla para que en la próxima audiencia, programada para el 23 de diciembre de 2025, se garantice la transparencia y el respeto a las garantías procesales del periodista. Asimismo, exhortó a la Fiscalía estatal a dejar de utilizar el aparato penal como un mecanismo de venganza institucional. Por: Alfredo Maza |
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