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Xalapa, Ver.- La abuela materna de una menor de ocho años con discapacidad, presunta víctima de violación, denunció públicamente una presunta dilación injustificada por parte de la Fiscalía Cuarta Especializada con sede en Orizaba, al no autorizar la reintegración de la niña a su núcleo familiar, pese a que asegura se han cumplido en su totalidad los requisitos legales, psicológicos y socioeconómicos exigidos por la propia autoridad. En un video compartido en redes sociales, explica que la menor ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas y que la familia ha solicitado reiteradamente su restitución, sin obtener hasta el momento una respuesta clara ni una resolución formal. De acuerdo con el testimonio de la abuela, personal de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito les informó que la fiscal responsable del caso se encuentra de vacaciones, motivo por el cual la atención del expediente se pospondría hasta los días 7 u 8 de enero. No obstante, la familia afirma haber visto a dicha funcionaria laborando de manera habitual en las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba, lo que consideran una contradicción que ha agravado la incertidumbre. El caso se encuentra radicado bajo la carpeta de investigación ORZ/DXV/FEMUJ/F4/1475/2025, sin que hasta ahora se haya determinado de manera definitiva la situación jurídica de la menor ni su retorno al entorno familiar. “Ya cumplimos con todos los estudios psicológicos y socioeconómicos, pero aun así no nos la quieren entregar”, expresó la abuela materna, Minerva Isabel Arenas Cruz, quien solicitó formalmente la reintegración de la menor —cuya identidad se mantiene reservada bajo el registro V-1640/2025— a su domicilio ubicado en la comunidad de La Cuchilla, municipio de La Perla. Actualmente, la niña permanece bajo resguardo en el albergue Casa Hogar Córdoba, A.C., donde se le practicaron evaluaciones psicológicas y un estudio socioeconómico. Según la familia, los dictámenes concluyen que la abuela es apta para asumir su cuidado, protección y custodia. Ante la falta de una respuesta institucional, los familiares hicieron un llamado directo a la Fiscalía Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, adscrita a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba, para que se autorice de manera inmediata la reintegración de la menor. Al no encontrar eco en las instancias oficiales, la familia recurrió a la presión social mediante redes sociales, denunciando lo que consideran una dilación indebida que prolonga la separación familiar y representa una forma de revictimización, por lo que apelan a la voluntad de las autoridades para que el caso se resuelva con prontitud y se garantice el interés superior de la niñez.
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