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XALAPA.- A pesar del daño ambiental registrado en los bosques de Veracruz, de enero de 2021 a octubre de 2024, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - las autoridades estatales solo realizaron 28 acciones contra la tala ilegal. En esos operativos participaron 22 elementos, con un saldo de 103 personas detenidas y el aseguramiento de más de 35 mil metros cúbicos de madera, principalmente cedro rojo y pino. El despliegue se concentró en pocos municipios, dibujando un mapa claro de devastación de los bosques: sólo en 24 municipios del territorio estatal. De igual forma, los datos oficiales obtenidos vía transparencia muestran una respuesta limitada, pues entre 2018 y 2025, solo una de cada 129 denuncias por tala ilegal en el estado derivó en una sanción. Perote, Emiliano Zapata y Acajete registraron el mayor número de intervenciones. En Perote se realizaron tres operativos; en Xico y Xilotepec, dos cada uno. Con una sola acción aparecen municipios como Atzalan, Misantla, Altotonga, Chiconquiaco, Jilotepec, Catemaco, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, acajete, Ayahualulco, Emiliano Zapata, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Villa Aldama, Coscomatepec, Cuichapa, Mariano Escobedo, Tezonapa, Tlaquilpa, Xoxocotla, y Zongolica. El número de detenciones refuerza esa concentración. Perote encabezó la lista con 20 arrestos. Emiliano Zapata registró nueve; Xico y Acajete, siete cada uno. Villa Aldama y Las Vigas de Ramírez sumaron seis; Xalapa y Altotonga, cinco. En municipios como Alvarado hubo cuatro detenciones; en San Andrés Tuxtla, Acayucan, Fortín y Amatlán de los Reyes, tres. Con un detenido, los municipios de Platón Sánchez, Tlaltetela, Tlacolulan, Coscomatepec, Totula, Sayula de Alemán, Banderilla, Jalacingo, Paso de Ovjas, Mecayapan. Al respecto, la senadora Susana Harp ha advertido que los grupos de la delincuencia organizada no solo buscan madera. “Se valen del uso de la fuerza, la violencia y las armas de fuego para apropiarse de terrenos forestales. En estados como Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los territorios deforestados sirven para instalar aserraderos clandestinos, abrir plantíos ilícitos o establecer bases de operación”. En este esquema, la tala ilegal funciona como una puerta de entrada. Cada árbol derribado amplía el control sobre caminos, comunidades y recursos, en zonas donde la presencia del Estado es débil o intermitente. La madera extraída de forma clandestina fluye con relativa facilidad hacia el mercado. Salvador Anta, experto forestal, señaló que al ser más barata genera una competencia desleal que desplaza a productores legales. Su ruta va desde mercados locales hasta esquemas más complejos de “lavado”, mediante documentación oficial falsa de la Semarnat o el desvío de permisos de saneamiento forestal. A nivel nacional, la Conafor estima que hasta 70% de la madera comercializada entre 2013 y 2018 tuvo origen ilegal. El impacto social se suma al ambiental. En regiones con altos niveles de pobreza, el crimen organizado se ha convertido en uno de los pocos empleadores disponibles. Familias completas son reclutadas para la tala, y en muchos casos se incorpora a menores en labores de vigilancia, corte o transporte, alimentando economías paralelas sostenidas por la violencia. Las cifras son contundentes. Entre 2001 y 2023, Veracruz perdió 17% de su cobertura forestal, de acuerdo con Global Forest Watch. Áreas protegidas emblemáticas como el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba enfrentan una presión constante, con municipios aledaños —como Calcahualco— perdiendo cientos de hectáreas. A su vez, para el diputado federal Adrián González Naveda, la cadena de justicia se rompe en la Fiscalía General de la República. Aseguró que, incluso cuando la Profepa aporta evidencias, los casos no avanzan y los presuntos responsables recuperan la libertad. Un ejemplo es La Laguna, en Coatepec, donde la Profepa clausuró una mina de arena ilegal y notificó a la FGR por la violación de sellos, un delito penal que sigue sin resolución. Lo cierto es que, la diferencia entre árboles derribados y sanciones impuestas devela una brecha persistente entre el daño ambiental y la respuesta institucional.
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