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XALAPA.- La agrupación Amnistía Internacional advirtió que Veracruz forma parte de un grupo de estados donde se han documentado prácticas de represión policial y discursos oficiales para deslegitimar la protesta social, en un contexto que, sostuvo, pone en riesgo el derecho a la libre manifestación. La organización señaló que el problema no es aislado ni reciente y llamó al Estado mexicano a ajustar su actuación a los estándares internacionales. “El Estado mexicano debe aplicar directrices del derecho internacional para respetar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, expuso, al advertir que, en los últimos años, y con mayor énfasis en meses recientes, se han observado prácticas represivas por parte de cuerpos de seguridad. En su informe, Amnistía Internacional incluyó a Veracruz entre al menos 14 estados donde se documentaron actos de uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes. De acuerdo con la organización, la violencia estatal no se ejerce de manera aleatoria, sino que se dirige principalmente contra personas racializadas, comunidades indígenas y mujeres. Además del despliegue policial, la organización alertó sobre el lenguaje empleado desde instancias oficiales. “Y un discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan”, señaló, al advertir que esta narrativa crea un entorno adverso para el ejercicio del derecho a disentir. El informe retomó episodios registrados durante las marchas del 8 de marzo de 2025, cuando se reportaron al menos 16 detenciones arbitrarias y el uso de gas lacrimógeno en Yucatán, Ciudad de México y Chihuahua, así como golpes y encapsulamiento contra manifestantes en Hidalgo. Estos hechos, apuntó, forman parte de un patrón que se repite en distintas regiones del país. Amnistía Internacional también documentó casos en Puebla, donde mujeres que protestaban por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fueron golpeadas y retenidas durante horas, así como la detención de más de un centenar de estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán durante un operativo policial. En Chiapas, refirió la agresión a buscadoras que exigían justicia frente a la Fiscalía estatal, y en la capital del país reportó uso excesivo de la fuerza en movilizaciones recientes. La organización advirtió que el Estado mexicano recurre a los códigos penales como instrumentos de castigo al aplicar de forma ambigua delitos como obstrucción de vías públicas, oposición a la obra pública, motín e incluso secuestro, con el objetivo de inhibir la protesta. “El ejercicio de la libertad de reunión no debe tratarse como un delito penal bajo ninguna circunstancia”, reiteró la agrupación. Según el informe, calificar las manifestaciones como violentas desde tribunas públicas no solo deslegitima las causas sociales, sino que facilita nuevas agresiones por parte de autoridades y de particulares. Por lo anterior, Amnistía Internacional urgió a revisar los marcos legales y las prácticas institucionales. Para cumplir con los estándares internacionales, propuso eliminar leyes ambiguas utilizadas para criminalizar la protesta, capacitar a los cuerpos policiales en derechos humanos y mediación, erradicar tácticas como el encapsulamiento y garantizar que el uso de la fuerza sea excepcional y se rija por los principios de legalidad y proporcionalidad. Por último, Amnistía Internacional llamó al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales, incluido el de Veracruz, a revisar la Ley de Uso de la Fuerza y a crear mecanismos de supervisión policial con participación de la sociedad civil, para evitar que la protesta social siga siendo tratada como una conducta perseguible en México. Así las cosas.
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