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XALAPA.- Tras acreditar violaciones graves a las garantías fundamentales por el “uso ilegítimo de la fuerza de personal militar”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una disculpa pública y la reparación integral del daño por la muerte de dos niñas en Badiraguato, Sinaloa, en mayo; hechos deshonrosos que decían solo ocurrían en tiempos de Felipe calderón. Se trata de la primera recomendación por hechos de este tipo en la presente administración, la cual documenta que las menores Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7 años de edad, fueron privadas de la vida por parte de elementos del Ejército mexicano en el poblado de La Cieneguilla. Al emitir la Recomendación 201VG/2025 dirigida a la Defensa, el organismo nacional indicó que los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, por el que resultaron heridos dos menores más y dos adultos. Según documentó, elementos militares adscritos al 42 Batallón de Infantería, en Guamúchil, interceptaron una camioneta y, apuntando sus armas hacia los ocupantes. A pesar de que éstos manifestaron que no portaban armas y que viajaban con menores de edad, los militares accionaron sus armas. “Uso ilegítimo de la fuerza de personal militar, ocasionó la pérdida de la vida de dos personas menores de edad y provocó lesiones a dos personas menores de edad, así como a dos personas adultas. Ante ello, la dependencia deberá reparar el daño y ofrecer una disculpa institucional”, subrayó la Comisión. La CNDH determinó que los militares no privilegiaron medidas para salvaguardar la vida y la integridad de quienes viajaban en la camioneta, pues aun cuando manifestaron que la agresión derivó de que escucharon disparos, no se cercioraron de que éstos provinieran de sus ocupantes. La investigación “permitió acreditar violaciones graves a los derechos humanos" por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego”, lo cual derivó en la vulneración al derecho a la vida de las dos víctimas asesinadas; a la integridad personal y seguridad jurídica de cuatro personas más; así como al interés superior de la niñez y al derecho a la familia, al acreditarse que militares utilizaron de manera desproporcionada la fuerza al interceptar el vehículo en que se desplazaban. La reparación del daño integral debe incluir una disculpa institucional en la que se reconocerán los hechos y la Sedena aceptará la responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró estos hechos como una “ejecución arbitraria”, por lo que reprochó que en un inicio se anunció que se trató de un enfrentamiento, consideró estos hechos como una “ejecución arbitraria”.
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