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XALAPA.- Aunque Morena llegó para imponer, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, señala que la actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans se tiene que ir del cargo a través de un juicio político y no por una ley a modo y por capricho del gobierno estatal. Consideró que la Fiscal "se tiene que ir", pero por un proceso que inicie el Congreso local ya que cometió irregularidades como persecuciones políticas "a diestra y siniestra" desde que fue nombrada en el sexenio de Cuitláhuac García. En entrevista expresó: "Nuestro propio movimiento fue víctima con el caso de José Manuel del Río Virgen, pero la ciudadanía también con los más de mil 43 veracruzanos encarcelados de manera injusta con el delito de ultrajes a la autoridad". Recordó que los últimos fiscales han terminado en la cárcel por "enojos políticos" de quienes gobiernan, algo que no se puede avalar desde el partido naranja. "Y eso es lo que no concebimos con esta reforma, no la acompañamos por lo mismo, porque no se trata de hacer una ley para una persona y vulnerar una institución que por años debe servir a los veracruzanos". Señala que quien dirija la FGE tendría que trascender los periodos del Poder Ejecutivo con autonomía, sin embargo, una vez más queda claro que eso está muy lejos de suceder porque Morena llegó para imponer, quitar, corromper y utilizar al órgano como brazo ejecutor. Cabe recordar que esta semana, con 122 actas de cabildos, la Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política de Veracruz para modificar el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía y con esta medida devuelve al gobierno, en este caso el de Rocío Nahle, la facultad de nombrarla. La nueva normativa dicta que el periodo del titular de la FGE será de cuatro años, y no de nueve, cómo estaba antes de la reforma constitucional. Ofrece al titular la posibilidad de ratificación por un periodo adicional de cuatro años y también concede a la gobernadora la facultad de presentar una propuesta inicial al Congreso, y los diputados deberán resolver en un plazo de cinco días hábiles. En caso de que los diputados y diputadas locales no hagan ningún pronunciamiento, quedará la designación de la titular del ejecutivo estatal.
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