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XALAPA.- El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que redefine el proceso de designación, duración, ratificación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns. Durante la sesión, el secretario general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, informó que se recibieron las actas de cabildo de 122 ayuntamientos que respaldaron el decreto mediante acuerdo expreso o por afirmativa ficta. De este modo se completó el procedimiento previsto en el artículo 84 de la Constitución local y su ley reglamentaria. Tras la validación municipal, la Legislatura turnó la reforma al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. La modificación reduce de nueve a cuatro años la duración del encargo, establece la posibilidad de ratificación por un periodo adicional y otorga al Ejecutivo la facultad de enviar una propuesta inicial al Congreso, que deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles. De no haber un pronunciamiento legislativo, la designación quedará aprobada. En caso de rechazo, el Ejecutivo enviará una segunda propuesta y, ante una nueva falta de resolución por parte del Congreso, podrá realizar la designación entre las dos opciones remitidas. El decreto también incorpora nuevos requisitos para contender por la Fiscalía, como nacionalidad mexicana por nacimiento, mínimo 30 años de edad, cinco años de ejercicio profesional en Derecho, ausencia de condenas por delitos determinados, evaluaciones de control y confianza acreditadas, experiencia en procuración de justicia y conocimientos jurídicos con perspectiva de derechos humanos y de género. Con relación a la remoción, la reforma faculta al Ejecutivo a separar del cargo a la persona titular cuando existan causas graves previstas en la ley. Esa determinación podrá ser objetada por el Congreso con mayoría calificada; si no hay resolución en cinco días hábiles, la remoción quedará firme. La Secretaría General del Congreso local explicó que los ayuntamientos enviaron actas de sesiones extraordinarias en las que se manifestó la aprobación expresa del decreto, además de casos en los que operó la afirmativa ficta como forma de validación municipal….DEBIDO AL presunto uso indebido de recursos municipales durante su campaña, el Organismo Público Local Electoral, OPLE, confirmó una sanción administrativa en contra del alcalde electo de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo, postulado por la coalición Morena-PVEM. La resolución se deriva de una denuncia relacionada con la colocación de tres lonas que portaban el sello oficial de Hidrosistema de Córdoba y del sindicato de la misma entidad paramunicipal, situación que fue considerada como la utilización de bienes públicos para fines proselitistas, lo cual está prohibido por la normatividad electoral. Al respecto, el abogado especialista en materia electoral, Fernando Morales Cruz, explicó que aunque la sanción quedó firme en el ámbito de fiscalización, no afecta la validez del triunfo de Alonso Cerezo, ya que no se trata de una falta que derive en la anulación de la elección. Refirió que el alcalde electo únicamente deberá cubrir una multa cercana a los 500 pesos, como lo establece la resolución correspondiente. De acuerdo con el OPLE, se avaló la ejecución de las medidas contenidas en la resolución INE/CG783/2025, emitida por el Consejo General del INE dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador en Materia de Fiscalización, identificado con el expediente INE/Q-COF-UTF/219/2025/VER, el cual fue instruido cuando Alonso Cerezo aún era candidato a la presidencia municipal.
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