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XALAPA.- Pese a que el Congreso ya aprobó la ley contra la extorsión, el sector empresarial del país recordó que casi el 13 por ciento de las empresas en México son víctimas de ese delito, por lo cual exigen al gobierno federal y gobiernos estatales canalizar recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables a fin de hacer real, el combate a este flagelo que tan solo en el 2024 generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos a los mexicanos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recalcó que la dimensión del problema de la extorsión en México es innegable pues sin considerar la cifra negra de 97 por ciento de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión. Estas cifras, indica, corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general —no se especifica por empresas o comercios— e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito, conforme a la metodología de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el INEGI. El organismo empresarial advierte que este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, pues el 49.5 por ciento de las empresas pertenecientes a la Coparmex considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. “Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles”, indica. Por ello, los empresarios exigieron al gobierno garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación, capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico. Asimismo, sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar “un delito que hoy avanza sin límites”. De igual manera demandaron la obligación de instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles como establece la ley pues recordaron que 70.5 por ciento de la extorsión se realiza a través de las llamadas telefónicas procedentes de los penales del país. Expresa: “Una parte significativa de las extorsiones se origina en estos espacios, por lo que esta disposición es indispensable para cortar de raíz una fuente persistente de intimidación y daño económico”. La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que aprobó el Senado ordena la creación del Centro de Atención a Denuncias por Extorsión, Campañas permanentes de sensibilización y participación comunitaria y Unidades especializadas en extorsión en cada fiscalía estatal. El PAN y PRI en el Senado acusaron que esta ley que busca frenar delitos como el cobro de piso, llamadas telefónicas o incluso los montachoques, quedará en letra muerta y una farsa porque no se le asignaron recursos a las nuevas figuras legales y disposiciones que se establecieron en esta legislación. Recriminaron que no se le haya canalizado recursos a figuras claves de esta ley como el Centro de Atención a denuncias o las Unidades Especializadas en Extorsión con lo cual esta nueva legislación solo quedará en una “carta de buenas intenciones”.
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