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Cortesia..
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Xalapa, Ver.-
Todavía no toman posesión los nuevos alcaldes de Veracruz y ya han comenzado a surgir inquietudes debido a versiones que apuntan a posibles gestiones irregulares atribuidas al alcalde electo de San Rafael, Gil Armando Méndez y el procurador del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López. Y es que, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona norte y centro del estado, el Edil electo de San Rafael habría buscado acercamiento con otros futuros alcaldes para indicar que mantiene comunicación directa con el titular de la PMA, Ángel Carrizales López y se asegura que ya habría presentado empresas de su propiedad para ser consideradas en proyectos de dragado —como los del estero de San Rafael— y en la extracción de material pétreo en ríos y arroyos. Frente a esto, trabajadores de la Secretaría y la Procuraduría del Medio Ambiente aceptaron que aún existe un clima de desconfianza por los episodios vividos en el sexenio pasado, y advierten que cualquier insinuación de acuerdos privados en torno a dragados o uso de maquinaria podría detonar un conflicto institucional si no se aclara oportunamente. Lo cierto es que la circulación de estos señalamientos ha generado inquietud dentro de la propia PMA, donde funcionarios temen que este tipo de versiones afecte la imagen del actual procurador y reactive comparaciones con la administración anterior, cuando el exprocurador Sergio Rodríguez Cortés fue señalado por presuntos manejos irregulares y enriquecerse en la dependencia. El tema toma fuerza en un contexto en el que, recientemente, Carrizales López también fue objeto de críticas por supuestos conflictos laborales derivados de la salida de empleados con larga trayectoria, lo cual habría provocado tensiones al interior de la PMA. A esta situación se suma la preocupación de actores políticos en municipios del norte y centro del estado, quienes aseguran que personas cercanas a la PMA estarían ofreciendo servicios de dragado y facilitando contactos con empresas vinculadas, presuntamente, al alcalde electo de San Rafael, lo que se interpreta como intentos de influir en las nuevas administraciones municipales y un abierto conflicto de interpes. Estas prácticas irían en sentido contrario a la línea marcada por la gobernadora Rocío Nahle, quien ha insistido desde el inicio de su administración en erradicar acuerdos opacos y cualquier forma de negociación fuera de los procesos oficiales. Por lo anterior, consideran necesario que el caso sea revisado cuanto antes, a fin de evitar que estos señalamientos escalen a un conflicto político o administrativo una vez que los nuevos ayuntamientos asuman funciones. Así las cosas.
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