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XALAPA.- La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”, aseguró Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Refirió que los mexicanos “no podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se baja”. En el marco del “Encuentro Nacional Tijuana 2025”, el dirigente de la cámara empresarial destacó que México ya está cansado de vivir con miedo, extorsiones y cobro de piso e incertidumbre ante la falta de respuesta, por lo que subrayó: “sin protección, no hay libertad económica, ni convivencia”. En este contexto, Sierra Álvarez exigió al Estado garantizar seguridad y justicia y pidió a los habitantes estar “dispuesta a sostener el esfuerzo”. Destacó que es al gobierno federal al que le corresponde encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de Estado, más allá de siglos, partidos y grupos políticos que radiquen las redes de corrupción que hacen posible la impunidad y a los congresos de autoridades locales armonizar la legislación y organizar presupuestos y estructuras”. El dirigente de Coparmex insistió en que distintos sectores de la sociedad ya están alzando la voz por el hartazgo de vivir en un país de inseguridad y violencia y al no contar con la protección prometida por las autoridades. “Actualmente, levantan la voz jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del Poder Judicial, transportistas, agricultores, universitarios, voces distintas que demuestran un país cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas”. Ante presidentas y presidentes del gremio empresarial que representan a Coparmex en más 100 ciudades del país, el empresario afirmó que la extorsión y cobro de piso son una “estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”. Por último, refirió que la expansión de esos delitos “es la evidencia más dura de la falla institucional” en un país “sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección”, lo que obstaculiza la libertad económica y convivencia, concluyó.
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