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XALAPA.- A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente deslindó al también morenista Cuitláhuac García – el peor gobernador de la historia de Veracruz – de la responsabilidad por el presunto daño patrimonial detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cierto es que Veracruz concentra el mayor monto de recursos federales por aclarar en la Cuenta Pública 2024, con observaciones que alcanzan los mil 115 millones de pesos. De este modo, la entidad encabeza la lista nacional de estados con irregularidades en el manejo del gasto federalizado, seguida por Chiapas, con 678.5 millones, e Hidalgo, con 603.8 millones. La ASF señaló que las observaciones derivan principalmente del uso de recursos asignados a salud, educación e infraestructura. Dentro del sector Salud, el organismo documentó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por mil 78 millones de pesos, equivalente al 13.3 por ciento de los recursos revisados. El informe indica incumplimientos en transferencia y destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones y control de bienes. En los Servicios de Salud de Veracruz, durante la gestión de Guadalupe Díaz del Castillo, se identificaron pagos no acreditados, manejo de cuentas bancarias sin control y deficiencias administrativas que derivaron en promociones de responsabilidad sancionatoria. La Auditoría también observó 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. El documento señala que la administración estatal incurrió en incumplimientos en materia de comprobación del gasto, aunque el monto observado representa el 0.6 por ciento de los recursos revisados en ese rubro. En el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, el órgano fiscalizador identificó un probable daño por 3.8 millones de pesos, correspondiente a obras no ejecutadas o sin acreditación de avance, entre ellas el rescate y remediación del canal de navegación en Boca del Río y la rehabilitación de la red de distribución en Río Blanco. A su vez, el Instituto Veracruzano de la Vivienda registró un probable daño por 1.6 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, al no presentar documentación comprobatoria de la supervisión de 52 obras. La Auditoría señaló incumplimientos a la Ley de Obras Públicas en la adjudicación de contratos. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, la Auditoría determinó un probable daño por 1 millón de pesos debido a pagos en exceso a 12 trabajadores adscritos en cuatro plazas. Además, estableció la obligación de reintegrar 13.9 millones de pesos por recursos no comprometidos y 127 mil pesos de rendimientos financieros. El programa federal Expansión de la Educación Inicial registró un probable daño por 195 mil pesos, derivado de pagos superiores a los autorizados para servicios de alimentación en centros comunitarios. En el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento permanece pendiente el reintegro de 20 mil pesos correspondientes a recursos que fueron devueltos fuera de plazo.
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