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XALAPA.- A poco menos de dos meses de que concluya su administración, la alcaldesa Carmen Medel Palma y el Cabildo promovieron un juicio de amparo con el objetivo de detener el procedimiento que podría derivar en su destitución. La demanda de amparo es una respuesta a una notificación hecha por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TJAEV) al Congreso del Estado para que se analice su posible separación del cargo. El amparo fue interpuesto por la presidenta municipal, el síndico único Francisco Andrade Molina y los regidores Alma Judith Esteban Bautista, Jesús Adrián Peralta Márquez, Romina Gurrión Vásquez, Juan Carlos Rosales Domínguez, María Esther Dodero Hernández, Isela Iturralde Alvarado, Patricia Rueda Hernández, Miguel Ánael Estrada Ferrer, Zayra Natalye González Cruz, Blino Hernández Fernández, Jesús Antonio Cerón Cruz y Hugo Leonardo Torres Villegas. El procedimiento que enfrenta la administración municipal deriva del llamado caso Cibernéticas, un conflicto legal que inició hace más de una década. El Ayuntamiento de Minatitlán contrató en 2025 a la empresa Comunicaciones Cibernéticas S.A. de C.V., representada por Julio Aldama Prieto, para la recolección y disposición de residuos sólidos. Años después, el contrato fue rescindido y se rompieron los acuerdos establecidos, lo que llevó a la empresa a demandar al municipio por incumplimiento. El litigio, registrado en al menos tres expedientes, concluyó con una resolución a favor de la empresa, que reclama al ayuntamiento el pago de una indemnización estimada en más de 600 millones de pesos. Desde entonces, distintas administraciones municipales enfrentaron los efectos legales de esa sentencia, que siguen vigentes hasta la actualidad. El acto reclamado corresponde al acuerdo del 10 de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo hizo efectivo un apercibimiento decretado en mayo y dio vista al Congreso del Estado para que determine si procede la destitución de las autoridades municipales por presunto incumplimiento de una resolución relacionada con el caso. De este modo, las autoridades de Minatitlán buscan evitar que el Congreso del Estado avance en este análisis, argumentando que la medida vulnera sus derechos como autoridad electa y que el procedimiento se lleva a cabo a pocas semanas de que concluya su administración. La principal causa es que la deuda es de 667 millones 538 mil 862 pesos y el presupuesto que recibe el ayuntamiento es de 881 millones 521 mil 769 pesos, lo que perjudicaría a los habitantes de Minatitlán. Será el Juzgado de Distrito con sede en Coatzacoalcos la instancia que determine si admite el amparo y, en su caso, si concede una suspensión provisional que detenga temporalmente la revisión legislativa sobre la continuidad del actual gobierno municipal de Minatitlán. En caso de frenar la destitución, tanto la alcaldesa y los ediles tendrán que pagar una multa por no haber saldado esta deuda.
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