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Xalapa, Ver.-
Integrantes del colectivo Marea Verde AC denunciaron que a cuatro años de la despenalización del aborto en Veracruz persisten deficiencias e inequidades que limitan el acceso real de las mujeres y personas gestantes a una interrupción legal y segura del embarazo. De acuerdo con las activistas, Ximena Montano y Abigaíl Martínez Pérez, el estado ocupa el segundo lugar nacional en pobreza y rezago social, y el tercero en embarazos infantiles. Lamentaron que de 212 municipios, sólo en siete hay unidades de aborto seguro, entre ellas el Hospital de Río Blanco, que atiende a 57 municipios con alta población indígena de la región Altas Montañas. En esas comunidades, señalaron, la pobreza, las distancias y las barreras lingüísticas se traducen en violencias múltiples que van desde el abuso sexual hasta la maternidad forzada. Las defensoras de las mujeres recordaron que el 20 de julio de 2021 Veracruz se convirtió en la cuarta entidad del país en aprobar la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, un avance histórico que representó la posibilidad de erradicar gestaciones forzadas y garantizar servicios de salud dignos y con perspectiva de derechos humanos. Según datos de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron 621 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, pero únicamente 1.7% de ellas pudo acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) como lo establece la NOM-046. “Obligar a una niña a continuar con un embarazo producto de una violación no es acompañamiento, es tortura institucionalizada”, denunciaron. Sin embargo, advirtieron que la implementación de la ley sigue enfrentando resistencias institucionales, falta de personal médico capacitado y escasez de medicamentos, además de una atención que en muchos casos carece de sensibilidad y respeto. “La información es tan importante como el derecho mismo porque sin ella ese derecho no existe”, expresaron.
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