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Xalapa, Ver.-
Una denuncia ciudadana exhibe presuntos actos de abuso y desvío de recursos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Veracruz, encabezados por el subsecretario de Logística, Rafael Martínez Cisneros, quien, de acuerdo con el testimonio de los propios trabajadores, recibió 300 mil pesos del gobierno del Estado, para atender la emergencia derivada de la catástrofe en la zona norte del estado. Sin embargo, el destino de esos recursos es cuestionable. Según versiones del personal involucrado, solo una mínima parte del dinero habría sido utilizada para labores de ayuda, mientras que el resto “no será justificado”, ya que —según les comentó el propio funcionario— la gobernadora le pidió no preocuparse, agradeciendo únicamente su “lealtad”. La denuncia anónima también revela que Martínez Cisneros ordenó movilizar personal administrativo de Torre Central hacia Álamo y comunidades cercanas, principalmente de las áreas bajo su control y la de su colaborador cercano, el teniente Carlos Miguel Juárez Domínguez. Dichos empleados —sin preparación ni equipo para trabajo de campo— fueron enviados a realizar labores de limpieza, retiro de lodo y escombros, en condiciones insalubres e inseguras. “Nos tienen limpiando calles y levantando lodo, apenas nos dan una comida mísera; ni jabones, ni geles nos dan para desinfectarnos después de terminar llenos de lodo”, relata uno de los trabajadores, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Además de la precariedad en la que desempeñan estas tareas, los denunciantes aseguran que los alimentos proporcionados son insuficientes y de mala calidad, lo que ha generado molestia entre los equipos enviados a la zona. Mientras tanto, las comunidades afectadas por las recientes inundaciones siguen enfrentando carencias y falta de apoyo real, lo que aumenta la indignación ante el presunto uso indebido de los recursos públicos. “La ayuda debería llegar directamente a la gente que lo perdió todo, no quedarse en manos de funcionarios que solo buscan quedar bien con la gobernadora”, expresaron los denunciantes. La situación plantea serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos y el papel que desempeñan las autoridades en situaciones de emergencia, donde la solidaridad y el deber público deberían prevalecer sobre los intereses personales.
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