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XALAPA.- Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, aseguró que el gobierno federal mantiene una batalla legal contra dos empresas por ventiladores adquiridos durante la emergencia de covid-19. En el primer caso, demanda a Viva Enterprise Limited el pago de 41.1 millones de dólares por no haberle entregado 650 aparatos; en el segundo, exige a Philips resarcir daños y perjuicios por darle equipos defectuosos. Al detallar la disputa con la firma inglesa Viva Enterprise, la funcionaria aseguró: “nosotros no desviamos el recurso, hubo un incumplimiento, hay un engaño por parte del vendedor” y el responsable de llevar el juicio es el IMSS-Bienestar (antes Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi)”, tanto en Londres como en México, donde se presentaron denuncias. La secretaria no descartó que conforme avancen las investigaciones haya sanciones administrativas. En el caso de Philips, indicó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrió una investigación porque sigue vendiendo los ventiladores que durante la pandemia recibieron registro especial sanitario, a pesar de la alerta que sobre ellos hizo desde 2021 la estadunidense Administración de Alimentos y Medicamentos. La espuma en los modelos E30, V60, V680, Trilogy y EV300 podía liberar partículas o gases potencialmente dañinos para los pacientes, advertencia que fue replicada por agencias sanitarias alrededor del mundo, además de Cofepris. La funcionaria recordó que durante la emergencia, la Fundación Mexicana para la Salud donó 2 mil ventiladores a diferentes instituciones públicas y privadas, además de que el gobierno también adquirió. Con el fin de la pandemia se acabó el permiso especial para todos los respiradores Philips y por ley “todo mundo debió retirarlos”, pero la empresa siguió comercializándolos, “incluso usando plataformas”, lo que derivó en una investigación de la Cofepris. Buenrostro señaló que realizaron una reverificación nacional para garantizar que todos esos ventiladores se hayan retirado de hospitales públicos, “algunos incluso ya se devolvieron”. Manifestó que el sector salud analiza la estrategia jurídica integral para este caso, además de que “estamos en colaboración con otros países para ver cómo están atendiendo el tema”. La funcionaria también explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el incumplimiento de contrato y engaño de Viva Enterprise Limited, porque no entregó 650 ventiladores AEON VG70, de mil que se le compraron durante la pandemia. Ello, pese a que en el contrato se estableció el pago de 100 por ciento de manera anticipada –mil 416 millones de pesos–, y que “en una semana se tendrían los ventiladores”. La firma inglesa argumentó retrasos, y el 8 de mayo de 2020 el Insabi exigió la devolución del dinero más los intereses generados. Al siguiente mes, la empresa regresó el equivalente a 300 ventiladores y en julio envió sólo 50 aparatos. En 2021, el Insabi presentó la denuncia penal ante la FGR, que aún se encuentra en proceso de investigación, y como el contrato fue firmado bajo jurisdicción inglesa, hay un juicio pendiente en Londres, a través del despacho Peters & Peters, “por engaño”. Afirmó que “en noviembre concluye el periodo de aportación de pruebas” y en diciembre se llevará a cabo una audiencia previa al juicio, el cual se iniciará en la segunda quincena de enero de 2026, con una duración de 14 días. “Por la información que tenemos del despacho, es muy probable que ganemos el juicio, porque la materialidad del engaño se da en la no entrega” del equipo, concluyó.
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