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XALAPA.- El combustible ilegal y el petróleo crudo robado se han convertido en la mayor fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los grupos delictivos, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El combustible ilegal que ingresa al país está valorado en más de 20,000 millones de dólares al año, según una de las personas que ayudó al Gobierno de México a calcular la magnitud de este tráfico ilícito. De acuerdo con la agencia Reuters con base en cinco fuentes gubernamentales, tanto actuales como anteriores, el contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, apropiándose de las ganancias de algunas de las empresas petroleras más importantes. Los narcos han construido este lucrativo negocio secundario integrándose eficazmente en el vasto sector energético norteamericano y dominando la logística del transporte de productos petrolíferos por camión, ferrocarril y, recientemente, con buques. Algunos funcionarios estadounidenses han empezado a denominar a los buques que transportan combustible ilegal una nueva "flota oscura", un término que se asocia con mayor frecuencia al transporte ilícito de petróleo crudo ruso o iraní diseñado para evadir sanciones. Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera están alarmadas. El Gobierno estadounidense ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre delitos relacionados con el combustible de los cárteles. En México, el contrabando de buques ha desatado un escándalo de corrupción que ahora sacude a la Secretaría de Marina, entidad que gestiona los puertos y que desde hace tiempo se considera una de las instituciones más confiables del país. El pasado 7 de septiembre, el secretario de Marina, Raymundo Morales, afirmó que la institución había iniciado una investigación interna y que "por ningún motivo toleraremos la corrupción". Para desentrañar los entresijos del contrabando de combustible a México -conocido localmente como huachicol fiscal-, Reuters entrevistó a más de 50 personas con conocimiento del asunto, entre ellas, cinco personas con experiencia en cargamentos ilícitos, agentes del orden mexicanos y estadounidenses, ejecutivos y exejecutivos de la industria petrolera en ambos países, así como comercializadores de productos petroleros y especialistas en cumplimiento normativo. Muchas de estas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad. Reuters es la primera agencia en publicar un relato completo del viaje del Torm Agnes, desde su embarque en Canadá hasta su descarga en Ensenada y en otro puerto mexicano, del que se retiró apresuradamente. El relato se basa en información de siete personas, todas ellas involucradas en la logística del traslado de la carga o que investigan las consecuencias del viaje, así como en datos de seguimiento de buques e imágenes satelitales, documentos internos de embarque, datos aduaneros y registros portuarios. A través de esos documentos y fuentes, Reuters reconstruyó con detalles nunca antes reportados cómo funciona el supuesto esquema y cómo explota lagunas legales en el vasto y complejo sector energético de Estados Unidos, afectando a una serie de entidades, incluidas grandes petroleras, compañías navieras y agencias gubernamentales. Según las autoridades, los cárteles cuentan con la ayuda de actores estadounidenses que facilitan la adquisición y el transporte de los productos, algunos sin saberlo, otros participando activamente. El senador estatal de Texas, Juan Hinojosa, dijo que su estado petrolero se ha convertido en un foco de operadores sospechosos. "Los cárteles se han infiltrado en muchos negocios legítimos en la frontera y más al norte", agregó Hinojosa, un demócrata que en marzo impulsó una legislación que busca combatir los depósitos de combustible sin licencia cerca de la frontera, endurecer las regulaciones para los transportistas de combustible y aumentar las sanciones para quienes incumplen la ley. El proyecto de ley está estancado en el Senado de Texas, pero podría reactivarse en el futuro. El esquema de contrabando de combustible se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. México aplica un impuesto conocido como IEPS a varios productos, incluyendo el diésel y la gasolina importados. México es un importante productor de petróleo crudo, pero importa estos combustibles porque sus antiguas refinerías no pueden satisfacer la demanda local. Los delincuentes evaden el impuesto, que se cobra por litro y que menudo es más del 50% del valor de la carga, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolífero exento del impuesto. Funcionarios estadounidenses y mexicanos dicen que los contrabandistas generalmente usan empresas fantasma y documentos de carga falsificados para cubrir sus huellas, y pagan sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros corruptos para que sus cargas pasen. También descargan con prisa en lugares peligrosos, eludiendo las casi dos docenas de instalaciones marítimas de México habilitadas para la descarga segura de combustibles, según las autoridades y expertos de la industria. Lo anterior permite a los contrabandistas entregar el combustible ilegal a sus clientes rápidamente, con mínima supervisión y regulaciones. El diésel de contrabando se vende con descuento en el mercado mexicano a miles de gasolineras sin licencia, fábricas y minas. El producto del contrabando se destina principalmente a gasolineras sin marca. Los cárteles también roban combustible y crudo directamente de Pemex y venden una parte en Estados Unidos, con la ayuda de importadores corruptos que están vendiendo a precios más bajos que los productores estadounidenses, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al respecto, Pemex no respondió a una solicitud de comentarios sobre las pérdidas relacionadas con el robo y contrabando de combustible. Otras compañías petroleras también están sufriendo las consecuencias. En mayo, la multinacional británica Shell confirmó la venta de su negocio minorista de combustibles en México. Esta salida se debió en parte a las dificultades para competir con el combustible narco, más económico, informaron a Reuters cinco fuentes de Shell. Las gasolineras compran combustible de contrabando con un descuento de entre el 5% y el 10% sobre el precio de las importaciones legítimas, según dos fuentes familiarizadas con el sector. Durante décadas, pequeños ladrones conocidos como huachicoleros han hurtado gasolina, diésel y petróleo crudo de Pemex. Con el tiempo, a medida que el negocio crecía en escala y rentabilidad, atrajo la participación de los cárteles mexicanos. Pero el Cártel de Jalisco ha llevado la trama a un nuevo nivel y es el líder indiscutible del contrabando de combustible y petróleo crudo, según fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses. El cártel, cuyo territorio de origen es el estado Jalisco, en el centrooeste de México, se ha expandido por todo México. Las autoridades afirman que ha establecido una formidable red de contrabando en el estado norteño Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera con Texas. Desde allí, dicen, envía petróleo crudo mexicano robado a Estados Unidos y trae productos refinados estadounidenses a México por camión, tren y buque. Añadieron que el grupo delictivo es el único cártel que actualmente emplea buques. Las autoridades detectaron por primera vez el contrabando mediante buques alrededor de 2020, según un documento del Gobierno mexicano de 2021 que describe las investigaciones iniciales sobre el esquema, que en ese momento no atribuyeron este desarrollo a un cártel específico. El salto de camiones y trenes a buques refleja un grado de conocimiento de los negocios y un poder de inversión que está en una liga diferente a lo que había antes, dijo Marisol Ochoa, experta en crimen organizado de la Universidad Iberoamericana en México. "Tienes que tener una alta sofisticación y demasiadas redes y conexiones de operación logística", afirmó. Desde septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido dos grupos de sanciones contra una decena de ciudadanos mexicanos y casi 30 empresas mexicanas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo y sus operaciones de robo y contrabando de combustible. Greg Gatjanis, exalto funcionario de la OFAC, dijo estar "atónito" ante la variedad de empresas vinculadas al supuesto esquema. Entre ellas se incluyen gasolineras, empresas de transporte, una empresa de impresión 3D y una panadería de baguettes, según la OFAC. En febrero, la administración Trump designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esto movilizó más personal y recursos para la lucha contra los cárteles y facilitó a los fiscales estadounidenses a perseguir a personas y empresas que hacen negocios con estos grupos. En México, la escala y la creciente sofisticación del contrabando de combustible han generado acusaciones de que políticos de alto nivel están involucrados. En la campaña presidencial del año pasado, la candidata opositora Xóchitl Gálvez acusó al partido gobernante Morena de recibir fondos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido por la prensa mexicana como "el rey del huachicol". Carmona era un importante traficante vinculado al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste, según medios mexicanos. Fue asesinado a tiros en una barbería del norte de México por desconocidos en 2021. Nadie ha sido arrestado por su asesinato. Carmona supuestamente ayudó a financiar las campañas electorales de Morena, incluida la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ganó el máximo cargo de México en 2018, según el segundo memorando sin fecha de las fuerzas de seguridad del Gobierno revisado por Reuters. Ni López Obrador ni Morena respondieron a las solicitudes de comentarios. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, ha hecho del combate al contrabando de combustible y al robo de petróleo crudo una prioridad de seguridad para su administración. "Nosotros no vamos a proteger a nadie", dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el 8 de julio al ser preguntada sobre la presunta participación de políticos en el tráfico ilícito. Sin embargo, su oficina no respondió a una lista detallada de preguntas para este artículo. Desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, las autoridades afirman haber incautado alrededor de 500,000 barriles de combustible y petróleo crudo presuntamente ilegales, más de lo que el Gobierno anterior incautó en todo su sexenio. Esto es apenas una pequeña parte del torrente de combustible ilegal que ingresa al país. Aun así, la lucha está resultando peligrosa. El 4 de agosto, Ernesto Vázquez, fiscal de Tamaulipas, murió después de que su camioneta blindada fue alcanzada por una granada incendiaria en una transitada calle de la ciudad de Reynosa. En un comunicado emitido al día siguiente, la Fiscalía General de la República dijo que el asesinato probablemente fue obra del crimen organizado, después de que a finales de julio el gobierno incautó más de 1,8 millón de litros (unos 11,300 barriles) de combustible ilegal, camiones, bombas y otros equipos en Reynosa, justo al otro lado de la frontera con McAllen, Texas. El comercio de petróleo crudo y combustibles suele implicar una compleja cadena de custodia. Las transacciones pueden involucrar a múltiples compradores, vendedores e intermediarios. La documentación de importación y exportación suele estar incompleta o estar falsificada por personas malintencionadas, informaron a Reuters expertos en comercio y autoridades policiales.
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