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Xalapa, Ver.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó su primera audiencia pública con personas con discapacidad, donde los ministros volvieron a confrontarse por el fondo del debate: determinar si debe estar vigente o no el criterio que, durante la última década, ha llevado al máximo tribunal a invalidar automáticamente alrededor de 50 normas generales aprobadas sin consultar a ese sector. El choque se dio entre la ministra, Lenia Batres Guadarrama y sus compañeros Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía, luego de que la autodenominada “ministra del pueblo” aseguró, frente a decenas de personas con discapacidad, que el pleno de la Corte aprobó su propuesta de abandonar dicho criterio en la sesión del 7 de octubre, pese a que la discusión del proyecto quedó inconclusa. Con Lenia Batres es una constante discusión, ya que defiende sus argumentos aun sabiendo que son erróneos. “Hay que comentar eso, pues, que este pleno decidió ya el 7 de octubre abandonar un criterio que hacía como obligatoria la invalidez de leyes o porciones normativas de leyes, cuando no se hubiera realizado una consulta a las personas con discapacidad específicamente”, indicó Batres Guadarrama. Posteriormente se abrió un espacio para escuchar a más de una docena de personas con discapacidad, quienes dijeron estar en contra del proyecto de la ministra Batres que resuelve la acción de inconstitucionalidad 182/2025, y en su lugar debe obligarse a los congresos a no legislar sobre sus derechos sin antes consultarlos. “Nada sobre nosotros sin nosotros”, dijo Marco Polo López Santos, del Movimiento de Personas con Discapacidad. Tras un receso, tomó la palabra la ministra, Yasmín Esquivel Mossa, para decirles a los presentes que, contrario a lo dicho por Batres, el criterio sigue vigente y por ello se les convocó para enriquecer de información a los ministros sobre sus necesidades antes de emitir un fallo. “Hoy, esta audiencia pública es para determinar si se abandona y se flexibiliza el criterio para que las personas con discapacidad vuelvan a ser objeto pasivo de los acuerdos legislativos, retrocediendo en esta materia… Por eso es esta audiencia pública, para que se les consulte, se les pregunte, para escucharlos, no solo cuando la Corte considere que les afecta, sino en todo momento. “Aquí se comentó que hay 50 leyes que se han invalidado por falta de consulta, y así es, no se les tomó en cuenta, por eso se invalidaron esas leyes. Ahora bien, no puede haber ni debe haber proyecto antes de escuchar a las personas con discapacidad. Para eso es la consulta. Hacer lo contrario sería una falta de respeto a la audiencia, a esta audiencia pública y a las personas que asisten en ella”, dijo. Posteriormente, el ministro, Giovanni Figueroa, tomó la palabra para “subrayar que el cambio de criterio que ha señalado en su intervención la ministra, Lenia Batres, es su opinión, y es una cuestión que todavía está sometida a debate por esta Suprema Corte. De otra manera, creo que no tendría sentido alguno haberles convocado a esta audiencia pública, y recalco que este asunto no ha sido resuelto todavía”. Luego, contó que en pasados días, cuando salió de la Corte, tuvo la oportunidad de ver a uno de sus compañeros en silla de ruedas, que tenía una manta colgada atrás de su silla. "¿Qué decía esa manta? Decía: ‘Por favor, no me empujes, mejor pregunta cómo puedes ayudarme. Me parece que este pequeño hecho ilustra, no sé si les parezca a ustedes así, pero, por lo menos, a mí me ilustró muy bien la lucha de las personas con discapacidad. Las personas que vivimos sin discapacidad creemos muchas veces que podemos ayudarles, o que debemos, o que sabemos, más bien, qué es lo que ustedes necesitan. Las autoridades cometemos este mismo error, desafortunadamente, porque aunque tengamos buenas intenciones, siempre debemos preguntar cómo podemos ayudarles a ejercer mejor sus derechos”, comentó. La SCJN abrió este lunes la primera audiencia pública en su historia con grupos sociales, en la que del lunes a miércoles los ministros escucharán a personas con discapacidad antes de resolver la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024 promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.
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