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XALAPA.- En los próximos años, el gobierno federal de México enfrentará un reto considerable: las crecientes presiones fiscales derivadas del alto costo financiero de la deuda, consecuencia directa de los recurrentes déficits presupuestales. Actualmente, el costo financiero de la deuda pública consume más del 23 por ciento de los ingresos totales del gobierno (tanto tributarios como no tributarios). Esta cifra equivale a más de la mitad del presupuesto destinado a la operación de secretarías y programas de la Administración Pública Centralizada. Al inicio de la década de 2010, este costo representaba apenas el 7.7 por ciento del gasto total, mientras que las erogaciones en inversión física, salud y educación (incluyendo las aportaciones a entidades federativas) alcanzaban el 18.7 por ciento, 10.7 por ciento y 14.2 por ciento, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2019 se observa un cambio estructural preocupante: por primera vez en lo que va del siglo, el pago del servicio de la deuda superó al gasto total en salud y en inversión física, alcanzando más del 11.5 por ciento del gasto público total. Para 2023, esta tendencia se acentuó, y el costo de la deuda rebasó también al gasto en educación. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2025 este componente podría representar casi el 15 por ciento del Gasto Total del Sector Público. Más aún, en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, se estima que el costo financiero de la deuda ascenderá a 1,572.1 miles de millones de pesos. Esta cifra será mayor al monto combinado que se destinará a todos los programas sociales prioritarios y a los principales proyectos de inversión del gobierno federal. Lo anterior refleja una tendencia alarmante: cada vez se destina una mayor proporción del presupuesto a pagar intereses de la deuda, en detrimento de políticas públicas orientadas al desarrollo social, la infraestructura y el desarrollo económico. En esencia, el costo de la deuda está desplazando recursos públicos que podrían mejorar directamente el bienestar de la población. Los déficits presupuestales y su costo financiero. Idealmente, la deuda pública debe invertirse en proyectos que generen flujos de ingresos futuros capaces de cubrir su pago. Alternativamente, debe destinarse a iniciativas que fomenten el crecimiento económico, lo que incrementaría el PIB y, en consecuencia, la recaudación fiscal necesaria para financiar la deuda. Sin embargo, históricamente, en México este no ha sido el caso. México necesita una política fiscal que impulse el crecimiento económico, priorizando inversión en educación, salud, innovación y capital humano, así como el fomento de la calidad institucional, asegurando la estabilidad macroeconómica. El gasto público debe priorizar, además de aspectos sociales, proyectos productivos que generen retornos económicos a largo plazo. A su vez, es esencial que el enfoque de la política fiscal sea contracíclico y eficiente. Para controlar el déficit fiscal, es crucial revisar y mejorar la calidad del gasto público, priorizando áreas estratégicas y evitando proyectos no rentables. Estableciendo, además, límites claros al crecimiento de la deuda y garantizando que la economía crezca por encima del costo de la deuda.
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