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XALAPA.- Con el propósito de frenar abusos cometidos por financieras y proteger a los adultos mayores, el movimiento El Barzón reiteró su exigencia de una reforma constitucional que garantice la inembargabilidad de los apoyos sociales. La propuesta, que se busca reconocer como “Ley Myrna”, surge a partir del caso de una mujer veracruzana de 68 años, cuya Pensión del Bienestar fue retenida tras un juicio promovido por una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom). El Barzón informó que, desde febrero de 2025, se han hecho gestiones ante el Senado de la República, el Congreso de Veracruz y la Delegación Estatal de Programas del Bienestar, a cargo de Juan Javier Gómez Cazarín, para que se respalde esta iniciativa. De igual forma, han pedido a los tribunales atender con perspectiva de género y de edad avanzada la situación de Myrna, cuyo proceso judicial aún continúa. Si bien, en junio, lograron cancelar parcialmente la orden de inmovilización sobre su pensión, la organización señaló que el problema de fondo persiste y afecta a más adultos mayores en diversas regiones del país. “Es indispensable adicionar al artículo 4º de la Constitución un párrafo que establezca de manera expresa la inembargabilidad de los programas sociales. Sólo así se garantizará que los apoyos lleguen de manera íntegra a quienes más lo necesitan”, sostuvo la agrupación. El Barzón hizo un llamado a legisladores federales y estatales a asumir con responsabilidad esta reforma, pues consideró inadmisible que los beneficios sociales sean utilizados como garantía de pago frente a deudas simuladas o contratos abusivos. Teresa Carbajal, representante legal de la agrupación, recordó que en febrero pasado se difundió el caso de Myrna, de 68 años, a quien le fue retenida su pensión por orden judicial derivada de una demanda promovida por una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM). “Este hecho marca un precedente grave y demuestra la urgencia de modificar la Constitución para proteger a las personas más vulnerables”, señaló. El Barzón planteó que la reforma debería ser nombrada “Ley Myrna”, al ser considerado el primer caso documentado en el estado. La propuesta central es modificar el artículo 4º Constitucional para incluir la inembargabilidad de los apoyos sociales, con el objetivo de garantizar que no puedan ser retenidos por litigios judiciales o financieros. En el ámbito legal, la organización explicó que el proceso continúa en tribunales, aunque en junio pasado se logró cancelar el embargo precautorio sobre la pensión de la afectada. No obstante, señalaron que la resolución no es definitiva y que persisten órdenes sobre otras cuentas vinculadas al caso. Carbajal subrayó que este tipo de situaciones refleja el desinterés institucional hacia los adultos mayores y los sectores vulnerables. Por lo anterior, urgió a que se tomen medidas legislativas y judiciales que frenen los descuentos totales a las pensiones y se protejan los derechos de quienes dependen de estos apoyos. Así las cosas.
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