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XALAPA.- Entre octubre de 2024 y el 31 de julio de 2025, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recibió 808 denuncias por posibles faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas. Según las cifras del primer Informe de Labores 2024-2025 de la Secretaría antes mencionada, de ese total, 641 denuncias fueron concluidas, lo que equivale al 79.3 por ciento del universo recibido. Dentro de estas, 66 se turnaron a la autoridad sustanciadora, es decir, el 8.1 por ciento del total. Mientras tanto, 167 casos permanecen en trámite. En materia penal, se presentaron dos denuncias ante fiscalías correspondientes por la posible comisión de delitos, además de que se turnaron tres Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa a la autoridad sustanciadora. También, se detalló que en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), en el mismo periodo, recibió 27,009 denuncias por posibles faltas administrativas en toda la Administración Pública Federal. De ellas, el 23 por ciento (6,220) ya fueron concluidas, mientras que el 77 por ciento (20,789) continúan en trámite. De forma paralela, el ahora deshabilitado Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción registró 9,123 alertas hasta el 11 de enero pasado. De ellas, aún se da seguimiento a 218 casos. Durante el periodo antes mencionado, la dependencia señaló que recibió 7,900 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA). De ellos derivaron 1,958 sanciones por faltas no graves, además de 704 expedientes remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por faltas graves y conductas atribuibles a particulares. Además, se indicó que el TFJA impuso 395 sanciones, de las cuales 264 ya quedaron firmes y registradas oficialmente. En materia penal, se reportaron 471 expedientes en seguimiento: 10 vinculados a proceso, 26 en etapa intermedia, cuatro en juicio y cinco con sentencia en seguimiento. Dentro de las investigaciones destacadas, la Secretaría Anticorrupción reveló un expediente por la compra consolidada de medicamentos de Birmex, declarada nula en abril de 2025. En ese caso se indicó que se presentó una denuncia penal por uso ilícito de atribuciones y facultades contra cuatro funcionarios públicos.
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