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Xalapa, Ver.-
Vaya caso, luego del operativo conjunto realizado el pasado 10 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, en coordinación con personal de la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex, trascendió que fueron aseguradas cuatro oficinas corporativas en Ciudad Judicial, San Andrés Cholula, propiedad de Jorge Wenceslao Santiago Téllez – hijo de Wenceslao Santiago Castro, alcalde electo de Tecolutla por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM; y esposo de la actual alcaldesa, Gabriela Valdez Santes -, donde se informó del hallazgo de documentación que prueba los vínculos con una presunta red distribuidora de huachicol. En el operativo aseguraron dos centros de almacenamiento y cuatro gasolineras que vendían el huachicol fiscal. De acuerdo con esta información, una investigación federal ha puesto al descubierto una red de “huachicol fiscal” con operación en varios estados del país, incluyendo Veracruz, Puebla y Tamaulipas. En el centro del esquema aparece Jorge Wenceslao Santiago Téllez, propietario de la empresa Transportes JWST, y su padre, Wenceslao Santiago Castro, alcalde electo de Tecolutla y esposo de la actual alcaldesa, Gabriela Valdez Santes. De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, Transportes JWST habría sido utilizada como parte de una estructura logística destinada al traslado y almacenamiento de combustible de procedencia ilícita. La empresa, registrada formalmente a nombre de Santiago Castro, estaría operando como una firma fachada para facilitar el movimiento del hidrocarburo por carreteras federales. Los señalamientos no son menores. De acuerdo con la misma fuente, Santiago Castro —quien ya ha sido vinculado en anteriores investigaciones con presuntos nexos con la delincuencia organizada — habría aportado recursos y conexiones políticas para blindar las operaciones logísticas en Costa Esmeralda, una región estratégica por su cercanía a puntos de desembarco y rutas comerciales clave y donde actualmente mantiene el control pues la alcaldesa es su esposa. Las autoridades han asegurado tractocamiones y pipas que presuntamente forman parte de esta red. Los vehículos eran operados por personal contratado bajo esquemas irregulares, en rutas que conectaban bodegas y puntos de distribución en municipios como Las Vigas de Ramírez, Perote, La Joya, Tecolutla, y zonas rurales de Puebla y Tamaulipas. De igual forma, se ha documentado la participación de empresas ligadas a políticos poblanos y sus familiares, quienes habrían facilitado la entrada del combustible al mercado mediante operaciones de compraventa simuladas y documentación alterada para evadir controles fiscales. Trascendió que el caso ya es seguido de cerca por instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), y podría derivar en un nuevo golpe al esquema de distribución clandestina de hidrocarburos en el país, conocido popularmente como “huachicol”. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre las imputaciones directas, aunque se espera que en los próximos días se liberen órdenes de aprehensión y se amplíe la lista de involucrados. Así las cosas.
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