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XALAPA.- La detención en Paraguay del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, confirma la gravedad de que el avance del crimen en México no sería posible sin complicidades desde el poder, consideró la dirigencia nacional del PAN. Refirió que la ciudadanía merece una explicación completa sobre ¿quiénes sabían?, ¿quiénes permitieron?, ¿quiénes se beneficiaron? “La justicia no puede detenerse en un solo nombre ni usarse para simular. La verdad debe llegar hasta las últimas consecuencias”, exigió. El PAN también demandó una investigación a fondo e imparcial para garantizar justicia y recuperar la confianza ciudadana pues recordó que los vínculos criminales de Bermúdez eran conocidos por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces gobernador Adán Augusto López y el y entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador incluso desde antes de su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco. Lamentó que a pesar de esos señalamientos se le mantuvo en funciones y al mismo tiempo presuntamente, al frente de la principal organización criminal del Estado denominada la Barredora. En ese contexto demandó sanciones ejemplares que incluyan inhabilitación, destitución y procesos penales donde corresponda. “Que no haya pactos políticos ni salidas negociadas”. En este contexto, si bien reconoció el trabajo de las autoridades que participaron en la captura, la dirigencia panista señaló que detener a esta persona no basta pues México necesita conocer la verdad completa y responsabilidades claras sobre la manera en que operaba ese grupo criminal La Barredora por lo cual exigió “cero encubrimiento”. “Este caso no es aislado; forma parte de un patrón que hemos advertido reiteradamente en diferentes entidades gobernadas por Morena: tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales”, acusó. Por lo anterior, demandó cero encubrimiento e indagar no solo las presuntas conductas del exfuncionario, sino toda la red de posibles cómplices en la administración estatal y federal, superiores jerárquicos, subordinados y terceros; que se sancione a quien haya protegido, omitido o facilitado actividades delictivas. De igual forma, el blanquiazul pidió transparencia total en este caso y hacer públicas —en lo legalmente procedente— las decisiones, informes y controles que permitieron su nombramiento y permanencia en el cargo, pese a señalamientos previos. De igual forma, consideró que se requieren medidas de protección a testigos, denunciantes, periodistas y servidores públicos que colaboren con la investigación, así como el resguardo íntegro de evidencias. Concluyó que no permitirán que el poder público se utilice como escudo de protección para delincuentes ni que la impunidad siga minando la vida de millones de familias. “Es momento de limpiar la casa con firmeza y con la ley en la mano: investigación integral, transparencia y cero encubrimiento”.
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