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Xalapa, Ver.-
Después de la fuerte explosión registrada en la Ciudad de México – que costó la vida de varias personas y dejó más de 90 heridos - no le falta razón a Luis Castro Mendizábal, coordinador del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), cuando asegura que las empresas dedicadas al transporte de materiales peligrosos e inflamables que operan en la zona industrial de Coatzacoalcos deben cumplir de manera estricta con las normas y estándares de seguridad para evitar accidentes. El exhorto surgió tras la explosión registrada ayer miércoles 10 de septiembre de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la cual dejó un saldo hasta el momento de 94 personas lesionadas y ocho fallecidas. Castro Mendizábal explicó que las empresas están obligadas a cumplir con las regulaciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mismas que buscan garantizar un traslado seguro de sustancias peligrosas por carretera. “Existen instancias regulatorias, principalmente a través de la SCT, que expiden las disposiciones que deben acatar los transportistas. En algunas ciudades incluso se aplican restricciones adicionales para evitar que estas unidades circulen por zonas urbanas y se privilegie el uso de autopistas, reduciendo así el riesgo en áreas pobladas”, aseguró. Entre los requisitos, explicó que se encuentran seguros de responsabilidad civil, cobertura por daños a terceros y daño ambiental, así como verificaciones periódicas de seguridad. Dichos controles incluyen pruebas a los recipientes donde se transportan los materiales, revisión de válvulas de seguridad, dispositivos de relevo y condiciones mecánicas de las unidades, todo bajo lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas. Señaló que, en caso de accidentes, es indispensable realizar un análisis de causa raíz para determinar el origen de la falla y reforzar los planes alternativos de seguridad para evitar más incidentes. Reiteró, que las compañías transportistas tienen una alta responsabilidad en el manejo de estos productos, por lo que están obligadas a apegarse a la normatividad vigente.
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