De Veracruz al mundo
Contralmirante acusado de huachicol fiscal frena orden de arresto en su contra; de todas formas ya se escapó; Piden que Rafael Ojeda diga si AMLO estaba informado .
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: Google .
Xalapa, Ver.- El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, obtuvo una suspensión que frena por momento su captura, ya que autoridades lo acusan de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de Hidrocarburos, al presuntamente encabezar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal. Aunque ya se encuentra prófugo de la justicia. El marino promovió el recurso el pasado 29 de agosto ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, 10 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente. Reclamó la orden de captura y ejecución que haya librado un juez de control, así como la negativa de acceso a la carpeta de investigación. Aunque también había reclamado actos de incomunicación, tortura (física y psicológica), golpes y/o malos tratos (inhumanos y degradantes), falta de atención médica, orden de detención ejecutándose, negativa de acceso a la carpeta de investigación, así como la negativa de acceso a su abogado para su adecuada defensa, el quejoso decidió no ratificarlas. Al respecto, el secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, le concedió la medida cautelar y le fijó el pago de una garantía de 49 mil pesos para que sería efectos dicha suspensión. "La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído". De acuerdo con los estrados judiciales el juzgado de amparo también concedió la suspensión provisional para que la FGR le dé acceso a la carpeta de investigación y a los datos de prueba que tiene en su contra para garantizarle una adecuada defensa. El martes, el juez federal Mario Martínez Elizondo vinculó a proceso a nueve integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y cinco civiles involucrados -13 de ellos detenidos y encarcelados- por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos. Además, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los 13 detenidos -ya que una mujer identificada como Perla Elizabeth, una verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas-, permanecerá en prisión domiciliaria debido a que está embarazada, mientras dos mujeres más continuarán encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, y los hombres en el Cefereso número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El miércoles, la senadora Xóchitl Gálvez exigió que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aclare si el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba al tanto de la presunta red de contrabando de huachicol dentro de la Secretaría de Marina. “Es imposible pensar que el secretario de Marina no haya informado al titular del Ejecutivo sobre la denuncia que había hecho a la Fiscalía en torno al huachicol fiscal”, denunció la excandidata presidencial en un artículo. El reclamo de la panista surge tras revelarse que sobrinos del exsecretario de Marina son investigados por su presunta participación en el robo y contrabando de combustible, por lo que Gálvez lo calificó como “un negocio criminal” que habría operado al interior de la dependencia. “Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, son acusados de complicidad directa con el negocio criminal de contrabando de combustible”, recalcó. A estos señalamientos se suma la muerte violenta del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había denunciado estas irregularidades y fue asesinado un mes después de haberse reunido con Ojeda Durán. Además, recientemente un capitán se habría suicidado antes de ser investigado por supuestamente recibir sobornos para facilitar el tráfico de fentanilo. Por ello, Gálvez advirtió que los hechos revelan un caso alarmante del crimen organizado en instituciones clave de seguridad nacional.


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