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XALAPA.- La Red Universitaria por la Legalidad advirtió que la Universidad Veracruzana enfrenta una coyuntura crítica en la que se define no sólo el futuro de la rectoría, sino la confianza de toda la sociedad en la universidad pública más importante del estado. A través de un pronunciamiento, la Red Universitaria señaló que, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, dejará de ser la autoridad ejecutiva y representante legal de la institución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. Y es que, el colectivo universitario acusó que la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno al actual rector se hizo fuera del procedimiento legal correspondiente y, por lo tanto, representa una violación directa a los principios fundamentales establecidos en el artículo 25 del reglamento interno de la propia Junta. Entre estos se encuentran autonomía, legalidad, transparencia, imparcialidad, objetividad, integridad, probidad y máxima publicidad. En consecuencia, afirmaron que los actos que Aguilar Sánchez realice después del 1 de septiembre estarían viciados de origen, al carecer de un nombramiento y habilitación legal para ejercer las atribuciones conferidas por el artículo 38 de la Ley Orgánica de la UV, señalaron los integrantes de la Red Universitaria. El grupo alertó que estas violaciones a la normatividad universitaria, y en consecuencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de Veracruz, colocan a la comunidad universitaria en un estado de vulnerabilidad jurídica. En ese tenor, señalaron que los perjuicios alcanzan de manera directa al alumnado y se traducen en tres áreas críticas: 1.- Títulos y documentos oficiales. La validez y expedición oportuna de títulos, diplomas y constancias podría ser cuestionada legalmente ante eventuales impugnaciones de nulidad del cargo rectoral. 2.- Planes y programas académicos. El diseño, presentación y aprobación de planes y programas de estudio, así como acuerdos sobre aranceles, servicio social, convenios, becas o movilidad estudiantil, quedarían sujetos a dudas sobre la legalidad de las funciones y firma del rector. 3.- Afectaciones en el presupuesto y servicios universitarios. La formulación y aprobación del presupuesto institucional, que corresponde proponer al rector y avalar al Consejo Universitario General, enfrentaría posibles retrasos o bloqueos. Esto dañaría servicios básicos para los estudiantes como bibliotecas, laboratorios, adquisición de insumos y apoyos a las tareas sustantivas de la universidad. “Ante la impugnación de los actos del rector, el riesgo de parálisis institucional es real y pone en jaque el funcionamiento académico y administrativo de la Universidad Veracruzana”, señalaron. La Red Universitaria por la Legalidad sostuvo que el proceso para la renovación del rectorado 2025-2029 ha quedado comprometido debido a la actuación de la Junta de Gobierno, a la que responsabiliza directamente de violentar los principios de autonomía, legalidad y transparencia. “Lo ocurrido traiciona la confianza de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria. Se ha puesto en entredicho la integridad del proceso, al ignorar los marcos normativos que deben regir la vida institucional de la UV”, expresó la organización. El señalamiento cobra especial relevancia en un contexto donde la autonomía universitaria ha sido históricamente defendida como pilar de la vida académica. Para los universitarios agrupados en la Red, la decisión irregular no sólo impacta la administración interna, sino que puede derivar en conflictos legales que dañan la credibilidad de los títulos expedidos por la máxima casa de estudios de Veracruz. En ese tenor, la Red Universitaria por la Legalidad llamó a las autoridades competentes a respetar los tiempos y procedimientos establecidos en la normativa universitaria para garantizar certeza jurídica en el proceso rectoral. De igual forma, hizo un exhorto a la comunidad estudiantil, académica y administrativa a mantenerse atenta y participar en la defensa de la legalidad dentro de la UV. “Lo que está en juego no es sólo la continuidad administrativa de un rectorado, sino la legitimidad de los actos académicos y jurídicos que sustentan la vida universitaria. Los estudiantes y trabajadores merecemos instituciones confiables, y es obligación de las autoridades respetar la legalidad que nos rige”, concluyó el colectivo.
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