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XALAPA.- Prueba de la arrogancia y soberbia con que se conduce la fiscal Verónica Hernández Giadáns, es la decisión del organismo a su cargo de rechazar la Recomendación 30/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que documentó actos de trato indigno hacia los cuerpos de al menos 24 víctimas del ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, registrado el 27 de agosto de 2019, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el peor gobernador en la historia de Veracruz. Sobre los hechos, habría que recordar que sujetos armados ingresaron al establecimiento, rociaron gasolina, arrojaron explosivos e impidieron la salida de los presentes. El saldo fue de al menos 34 personas muertas. La mayoría de los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Cosoleacaque, donde se registraron las omisiones descritas por el organismo estatal de derechos humanos. De acuerdo con la CEDH, personal del Servicio Médico Forense, adscrito a la Fiscalía, también incurrió en actos de revictimización contra familiares durante la identificación y entrega de los cuerpos. Según el expediente CEDHV/1VG/COA/0480/2019, los familiares señalaron que los cuerpos fueron entregados “sucios”, “desnudos”, “en estado de descomposición” y hasta “en bolsas de basura”. También denunciaron dilación en la entrega de información y condiciones inadecuadas en las instalaciones del SEMEFO de Cosoleacaque. “Me percaté del uso inhumano que utilizan estos servidores públicos, ya que tenían varios cuerpos tirados en la tierra y expuestos al vivo sol”, señaló V1. Al recibir el cadáver en su domicilio, observó que “estaba completamente sucia, llena de tierra, raspada de las piernas, presentando hematomas”. V2 declaró que “me percaté que había varios cuerpos tirados en el piso, sin los mantenimientos adecuados, encimados unos a otros”. Acusó que el cuerpo de su familiar fue entregado a las 2 de la mañana “en estado de descomposición más avanzada”. “Ella tenía muchos golpes y el ojo izquierdo lo tenía de fuera y ya presentaba fétido olor”, aseguró V3. Otro testimonio indicó que “[VM4] estaba tirada en el piso bajo el sol. Al entregárnosla en el ataúd, toda sucia y sin preparar”. V5 aseguró que “uno de los cuerpos que se encontraba completamente desnudo y sucio en el interior de una bolsa de nylon color negro era [VM5]”. En la funeraria, el cuerpo “se encontraba hinchado y además empezó a soltar un olor fétido”. V6 refirió que “se encontraba completamente desnudo y sucio, en donde le llegaba directamente los rayos del sol”. Otros cuerpos estaban “uno sobre otro”. Según V7, “[VM7] fue entregado completamente desfigurado y en estado de descomposición dentro de una bolsa de nylon color negra de las que se utiliza para tirar la basura”. V8 observó que “tenían acumulados los cuerpos desnudos uno sobre otro, sin el mínimo respeto a los cadáveres y sin refrigerar”. V10 declaró que “[VM10] se encontraba con un ojo explotado y ya olía mal, por lo que tuvieron que embalsamarlo dos veces para retirar un poco del mal olor”. En otro caso, la servidora pública del Semefo pretendía entregar el cuerpo de [VM11] “sin un reconocimiento previo para tener la certeza que se trataba de [VM11], pues solo pretendía hacerlo por medio de fotografía”. Debido a estos motivos, la CEDH concluyó que “los cuerpos de por lo menos veintidós víctimas fueron tratados sin respeto a su dignidad, sin cuidado y sin medidas mínimas para su preservación”. Además, consideró que la Fiscalía “vulneró los derechos de las personas fallecidas […] durante el proceso de levantamiento, identificación y entrega de sus cuerpos”. También reconoció el daño moral ocasionado a los familiares. “El cuerpo de [VM13] ya se empezaba a descomponer”, y fue entregado en tal estado que “la funeraria tuvo incluso que desechar partes del cuerpo de [VM13]”. Por lo anterior, la Recomendación 30/2025 establece medidas de reparación integral como atención psicológica, compensación económica, una disculpa pública y capacitación al personal. También exige reforzar los protocolos de actuación en el SEMEFO. “La presente Recomendación constituye por sí misma una forma de reparación”, concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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