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Cortesia..
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Xalapa, Ver.-
Una fuerte polémica se ha generado por los cambios en las oficialías del Registro Civil en todo el estado de Veracruz. A la fecha, se estima que más de 71 oficiales han sido removidos de sus cargos en municipios del norte, centro y sur de la entidad, generando denuncias por presuntos abusos de autoridad, irregularidades en los procedimientos administrativos y, recientemente, acusaciones por presunto espionaje político dentro de los ayuntamientos. La reestructuración ha sido encabezada por el jurídico del Registro Civil del Estado, Julio César Ascencio Ramírez, por instrucciones directas de la directora general Karina Cortes. Sin embargo, en muchos municipios, los relevos se han realizado con presencia de la fuerza pública y en medio de episodios de tensión, donde incluso se han reportado agresiones físicas y verbales contra personal del Ayuntamiento y de las propias oficialías. De acuerdo con algunos testigos, oficiales fueron desalojados de sus oficinas sin aviso previo y sin la documentación legal que justifique formalmente su destitución y los nuevos oficiales han llegado a las oficialías sin contar con los dos oficios legalmente requeridos para asumir el cargo: uno expedido por el Gobierno del Estado y otro por la Dirección General del Registro Civil. En todos los casos reportados, solo se ha presentado un documento firmado por la directora Karina Cortes, lo cual pone en duda la validez jurídica de los movimientos y abre la puerta a impugnaciones por parte de los funcionarios cesados. Además, la situación ha generado preocupación entre alcaldes de diferentes municipios, quienes han solicitado audiencia con la gobernadora del estado y el secretario de Gobierno para expresar su inconformidad. Los ediles han manifestado que los nuevos oficiales no solo carecen de experiencia en el área registral, sino que también han asumido actitudes de vigilancia hacia el interior de los Cabildos. De buena fuente, se sabe que algunos de estos funcionarios fueron instruidos para observar de cerca las actividades internas de los ayuntamientos y remitir reportes diarios a la Dirección General del Registro Civil, generando sospechas fundadas de que su presencia tiene un objetivo político más que administrativo. Incluso, varios regidores han señalado que los nuevos oficiales “vienen a espiar, no a servir”, situación que ha tensado la relación institucional en varios municipios. A esto se suma un dato inquietante: muchos de los nuevos titulares tienen antecedentes negativos, e incluso algunos cuentan con denuncias abiertas desde su paso por la administración del exgobernador Javier Duarte. Algunos de ellos ya habían sido removidos en el pasado por inconsistencias administrativas, mientras que otros simplemente no tienen experiencia alguna en el manejo del Registro Civil. Funcionarios cercanos a la estructura estatal afirman que la mayoría de estos nombramientos responden a vínculos personales o políticos con la directora Karina Cobos. Desde el Congreso local, los diputados Esteban Bautista y Urbano Bautista han solicitado la intervención urgente del Ejecutivo estatal, señalando que estos cambios no cuentan con la autorización legal correspondiente, y que las formas en las que se están llevando a cabo violentan el marco normativo y la autonomía municipal. Hasta el momento, ni la Gobernadora ni el Secretario de Gobierno han emitido un posicionamiento oficial sobre este proceso. La incertidumbre y el malestar crecen en decenas de municipios veracruzanos, donde los cambios han sido vistos no como una renovación institucional, sino como una maniobra política que erosiona la confianza en las instituciones civiles
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