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Xalapa, Ver.- Morena resultó la cara del cinismo, ejemplo la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien acusó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la Auditoría Superior de Guerrero (ASE) y el Congreso local violaron la suspensión que le fue concedida por el ministro Javier Laynez Potisek, la cual la protege temporalmente contra la revisión de las finanzas municipales por la supuesta falta de comprobación de más de 898 millones de pesos de recursos federales. La Corte admitió el recurso de queja, registrado en el expediente 4/2025-CA, y lo notificó en listas judiciales el pasado 18 de julio. El ministro Laynez, como integrante de la Comisión de Receso, ordenó al Congreso estatal y a la Auditoría Superior dejar sin efecto los actos que presuntamente violaron la suspensión y presentar un informe con pruebas certificadas en un plazo de 15 días hábiles. De no hacerlo, se presumirán ciertos los hechos denunciados y se les impondrá una multa. Laynez concedió el 25 de junio pasado la medida cautelar a la alcaldesa, al admitir a trámite la controversia constitucional 174/2024 promovida por la alcaldesa con el objetivo de impedir que la ASE revise las finanzas del municipio por el uso y destino de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Sin embargo, el municipio acusó que un día después de recibir la protección la ASE y el Congreso violaron la misma. Ambas autoridades fueron denunciadas en el recurso de queja 4/2025-CA promovido por el síndico procurador, Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento de Acapulco, Miguel Jaimes Ramos. En este, narra que el 25 de junio del mismo año las autoridades de la ASE “se apersonaron en las instalaciones del ayuntamiento de Acapulco con el objetivo de notificar a la presidenta municipal del proveído de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa ASE-DGAJ-US-PRA-029/2025, lo cual, considera que transgrede los términos en que fue concedida la suspensión en el presente medio de control constitucional”. Laynez aceptó y registró el recurso de queja y admitió como pruebas los documentos que el municipio anexó para ser tomados en cuenta en la audiencia respectiva. Giró copia del recurso a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y dictó órdenes al Poder Legislativo y a la ASE. “Se requiere al Poder Legislativo y la Auditoría Superior, ambos del estado de Guerrero, para que dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dejen sin efectos los actos violatorios de la suspensión que dieron lugar al recurso, o bien, rindan un informe y ofrezcan pruebas en copias certificadas con las que acrediten su dicho, apercibidos que de no hacerlo se presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se les impondrá una multa”, señala el acuerdo de la Corte.
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