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XALAPA.- El PRI en el Senado acusa que se ha producido un fenómeno de financiamiento de la vivienda, en el que el derecho social a una casa digna se ha transformado en una mercancía especulativa al servicio del capital financiero. Advierte que los fondos de las pensiones que tienen las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) se han invertido en desarrollos inmobiliarios de lujo, turísticos y comerciales dirigidos a los sectores más privilegiados en lugar de canalizarse a vivienda social accesible para los trabajadores. El caso más escandaloso es el de Be Grand CKD17, que entre 2018 y 2023 recibió mil 913.2 millones de pesos del ahorro pensionario, con la mitad proveniente directamente de los trabajadores. Con ese dinero se construyeron departamentos cuyo precio supera los 17 millones de pesos, señala el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Denuncian que “Para adquirir uno de estos inmuebles, una persona que percibe el salario promedio del IMSS —622.86 pesos diarios— tendría que trabajar 78.85 años completos, sin gastar un solo peso”. De acuerdo con datos oficiales de la CONSAR, en 2024 se invirtieron más de 114 mil 200 millones de pesos en instrumentos estructurados como CKD y Cerpi. De los 37 fondos inmobiliarios financiados con dinero de las Afores ese año, solo uno tuvo relación con vivienda social. El resto fue canalizado a proyectos residenciales de alto valor, desarrollos turísticos y comerciales como Mítikah, The Harbor Mérida, The Ritz-Carlton Ciudad de México o complejos de Fibra Uno, todos orientados a zonas de alta rentabilidad sin impacto alguno en el acceso a vivienda para la población trabajadora. “Los trabajadores están financiando un mercado inmobiliario del cual están totalmente excluidos. El 80 por ciento de ellos no gana lo suficiente ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, y mucho menos para acceder a una vivienda digna sin endeudamiento desproporcionado”, alertaron. En ese sentido exigió al Ejecutivo federal, al INFONAVIT y a la CONSAR reorientar de inmediato el destino de estas inversiones. “No se trata de limitar la rentabilidad o la competitividad del sistema financiero, sino de alinear sus objetivos con los derechos fundamentales de los trabajadores y con la obligación del Estado de garantizar un retiro digno y el acceso a vivienda adecuada”, demanda, El pasado 21 de febrero entró en vigor la Ley del Infonavit que aprobó el Legislativo donde se faculta a esa institución a construir 500 mil casas en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque, legisladores de Morena aseguran que los cambios a la operación del Infonavit permitirán aumentar la oferta de vivienda social, ya que el organismo podrá disponer de terrenos otorgados por estados y municipios para disminuir 30 por ciento el costo de las viviendas, la oposición advirtió que esta reforma al Infonavit pone en riesgo los 2.4 billones de pesos que posee en activos el organismo. En este sentido, criticaron la falta de candados para el uso de los recursos y la transparencia.
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