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XALAPA.- La sobrecarga del sistema penitenciario mexicano es un fenómeno que genera cadena de vulneraciones a derechos humanos, violencia institucional o desprotección. En 2024 se observó que dos de cada cinco personas privadas de la libertad en las cárceles mexicanas (federales y estatales) permanecen en prisión sin una sentencia que determine su culpabilidad, De acuerdo con información de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios del Inegi. En total, en 2024 las cárceles estatales y federales registraron a 236,773 personas en prisión, de las cuales 85,547 se encuentran en condición de prisión preventiva. La situación de la prisión preventiva se agrava particularmente para las mujeres. Mientras el 35.7 por ciento de los hombres presos no cuentan con sentencia; esta cifra para las mujeres escala hasta 46.3 por ciento. Se observa, además, que la mayoría de las personas privadas de la libertad sin sentencia han cumplido hasta un año o más en espera de su resolución jurídica. Por ejemplo, el 43.6 por ciento de las mujeres y el 42.5 por c de los hombres sin sentencia llevan más de un año en esta situación. La prisión preventiva es una medida cautelar que implica llevar a prisión a una persona que ha sido inculpada por algún delito mientras se desarrolla el proceso legal que enfrenta para llegar al juicio y una deliberación que encuentre si es o no culpable. En México, la prisión preventiva puede ser oficiosa o justificada. En el primer caso se aplica de manera automática con determinados delitos considerados como “graves”; mientras que en el segundo caso deriva de un análisis más completo del caso realizado por las autoridades competentes. Las cifras del Inegi mostraron que, al corte del 2024, sólo el 38 por ciento de las personas presas sin sentencia están privadas de la libertad en el estatus justificado. Mientras que casi la mitad (47 por ciento) están con prisión preventiva oficiosa. En un 13 por ciento de los casos no se identificó el estatus jurídico de la prisión preventiva y en el 2 por ciento de los casos se cita “otro supuesto jurídico”. Esta medida cautelar genera un debate, no sólo debido a que algunos especialistas consideran que la prisión preventiva podría vulnerar los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso. También debido a que ejerce presiones en la capacidad instalada de los centros penitenciarios tanto estatales como federales. En las cárceles mexicanas hay 103 personas privadas de la libertad por cada 100 espacios disponibles. Al cierre de 2024, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por 325 centros repartidos en estatales, federales, especializados o de internamiento para menores. En total estos centros tienen la capacidad de atender a 230,168 personas, lo que implica que hay 6,605 presos o presas más de los que se pueden atender. Las cifras también reflejan que los centros penitenciarios estatales tienen una ocupación significativamente mayor que los federales. En el desglose por entidad federativa se observa que el Estado de México y Nayarit son los estados con los niveles más altos de sobrepoblación en sus cárceles: hay una tasa de 239 personas por cada 100 espacios disponibles. Esto implica riesgos importantes en materia de condiciones dignas dentro de los reclusorios: hacinamiento, escasez de recursos y espacios para la higiene, salud o alimentación e incluso conflictos internos y violencia. El organismo destacó que si bien el año pasado México registró un repunte de 47.9 por ciento en los flujos de IED para llegar a 45 mil 337 millones de dólares.
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