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Xalapa, Ver.-
La Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazar por tiempo indefinido la discusión de un proyecto que sería abordado en los próximos días, el cual establecería un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México. El asunto quedaría pendiente para la siguiente integración del máximo tribunal, que inicia funciones el 1 de septiembre. A través del consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Raúl Armando Jiménez Vázquez, se pidió al alto tribunal que retire de la lista de asuntos del Pleno el expediente 3/2023, relativo a un proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que busca dar cumplimiento —por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF)— a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 25 de enero de 2023, en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, que declaró inconvencionales ambas figuras penales. La presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que está pendiente del cumplimiento de la sentencia, pero justificó que quiere asegurarse de que el proceso se haga bien, para que se organice la estrategia legal e institucional que permita cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional. Al dirigirse a la Consejería dijo que “Que el proyecto sea retirado de la lista oficial del Pleno, a fin de que el cumplimiento de la sentencia internacional se encuadre dentro de los cauces constitucionales y se garantice mediante una adecuada coordinación institucional”. La solicitud fue recibida desde el 23 de junio pasado, pero se notificó hasta este miércoles en la lista electrónica de la Corte. La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, turnó la petición al ministro Pardo Rebolledo, para los efectos legales a que haya lugar. El proyecto 3/2023 fue listado para su discusión, por primera vez, el 23 de enero de este año, y representa uno de los últimos y más trascendentes asuntos que discutirá la actual integración de la Corte, que concluye sus funciones el 31 de agosto, en cumplimiento con la reforma constitucional en materia judicial aprobada en septiembre del año pasado. Actualmente, el asunto ocupa el lugar 18 de 19 en la lista de asuntos, que el actual Pleno programó discutir entre las últimas sesiones que le restan, la del 15 de julio, y 5 y 12 de agosto.
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