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Xalapa, Ver.- Luego de que hasta funcionarios públicos han sido amenazados, el poder ejecutivo envió este jueves a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional en materia de combate a la extorsión la cual será remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. El documento faculta al Congreso a expedir una ley general que homologue el tipo penal y las penas que deben aplicarse cuando se comete este ilícito, dada la diversidad de sanciones que existe en los estados. También se busca clasificarlo como un delito de alto impacto. La propuesta presidencial indica: “Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”. Destaca que la extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas en lo individual, sino también en forma colectiva, ya que se expande a diversos ámbitos y sectores de la sociedad cuando se extorsiona a empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas. Agrega que la delincuencia organizada incluso ha amenazado a funcionarios públicos con la intención de coaccionar a las instituciones que representan. De esta forma, “emplean la extorsión como una vía para la realización de otras conductas ilícitas aprovechándose de los servicios públicos a cargo del Estado”. La iniciativa reconoce que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad, que en el año 2018 se registro un promedio diario de 18.89 amenazas, mientras que en enero de 2025 se tuvo un promedio de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en solo seis años. Detalla que los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas de este ilícito en 2024 y en enero de 2025, solo el primero acumuló el 33.1 por ciento. En los artículos transitorios, se otorga al Congreso un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para emitir la ley secundaria en esta materia. Se plantea que dicha legislación fortalezca de manera homogeneizada, las concurrencias de atribuciones entre la Federación y las entidades federativas, garantice resultados y proporcione a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, un marco que permita contar con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales en cuanto a la regulación de este delito, así como los daños y las afectaciones a las víctimas.
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