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Cortesia..
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Xalapa, Ver.-
Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este jueves en colonia La Bomba de Minatitlán, tras el reporte de un “levantón” a un hombre al interior de su domicilio en la calle Altamirano de la colonia ya mencionada. Testigos que no quisieron aportar datos de los sicarios, por temor, dijeron que ingresaron al domicilio y por la fuerza se llevaron al hombre. Al lugar arribaron las fuerzas policiales para acordonar la zona, tomar las evidencias y conocimiento de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes…FAMILIARES DE Carmen Hernández Molina, una mujer residente de Jáltipan, Veracruz, denunciaron públicamente que fue detenida de forma violenta, sin orden judicial y presuntamente golpeada por elementos de la Policía Ministerial con sede en Acayucan. Aseguran que la agresión fue ejecutada como un “encargo personal” derivado de un conflicto vecinal. Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 8 de julio, alrededor de las 19:00 horas, cuando Hernández Molina se encontraba en su local comercial, ubicado sobre la calle Ramón Corona, casi esquina con Ignacio de la Llave, adonde llegaron a detenerla. De acuerdo con un comunicado emitido por su familia, al lugar arribaron dos agentes ministeriales en un vehículo Tsuru blanco, quienes ingresaron sin identificación ni explicación, la golpearon y la sacaron por la fuerza jalándola del cabello. Ya dentro del automóvil, aseguran que fue encañonada con un arma de fuego y escuchó cómo uno de los elementos, identificado como Luis A. Moreno Arres, hacía llamadas en las que afirmaba haber “cumplido con el encargo”. Según la familia, esto confirmaría que el operativo fue motivado por una denuncia particular interpuesta por Ana Karina Martínez Hernández, vecina con quien Carmen sostenía un conflicto previo. Dicha denuncia fue radicada bajo la carpeta de investigación ACY/DXXF1/460/2022, por el delito de amenazas. Tras su traslado a Acayucan, Hernández Molina fue presentada ante la Fiscalía local, donde –según su familia– se le intentó obligar a firmar una declaración donde se admitía que se le habían leído sus derechos, cosa que ella se negó a hacer. También acusan que no se le presentó en ningún momento una orden de aprehensión. Posteriormente, fue ingresada a los separos de la Comandancia de Seguridad Pública del Estado, Región XI, donde permanece retenida. La familia sostiene que la detención es ilegal y que además su pariente fue víctima de violencia física, pese a que tiene limitaciones motrices derivadas de un accidente previo. En su testimonio, aseguran que recibió golpes en el abdomen, brazos, boca y cuero cabelludo, y califican como “tendencioso” que ahora los ministeriales afirmen haber sido agredidos por ella. El caso ha generado indignación entre allegados y conocidos de la mujer, quienes subrayan la desproporción en el uso de la fuerza contra una persona con discapacidad física, y acusan a los agentes de actuar por intereses personales a cambio de dádivas, violando protocolos legales y derechos humanos. En el comunicado, dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns, la familia Hernández Molina exige una investigación a fondo, sanciones para los ministeriales involucrados y un alto a lo que consideran una práctica común de abuso de autoridad en la región. Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía de Jáltipan para mantenerse vigilante y denunciar cualquier otro acto similar que vulnere los derechos de los habitantes.
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