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XALAPA.- Debido a que la extorsión es un delito común en todo el país aunque difícil de combatir por su naturaleza anónima y digital, el Gobierno Federal promueve la creación de una Ley General del Delito de Extorsión, que permitiría perseguir este ilícito de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de la víctima. En ese tenor, el abogado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz afirmó que esta reforma representa un avance significativo, ya que reconoce la gravedad y la frecuencia con la que ocurre este delito en México: “La extorsión lacera profundamente a la sociedad, todos, en algún momento, hemos recibido una llamada donde un supuesto comandante exige un depósito inmediato, la mayoría de estas llamadas provienen de penales o centros de operación clandestinos manejados por la delincuencia organizada”, aseguró. El abogado destacó que, aunque las redes sociales y la información pública han ayudado a disminuir el éxito de estas extorsiones telefónicas, el problema persiste y afecta directamente al tejido económico y social del país. “Cada día se generan miles de llamadas de extorsión en todo México, lo que afecta la productividad y la tranquilidad de familias y empresas”, refirió. Sánchez Ortiz comparó esta propuesta con la Ley General en Materia de Secuestro, impulsada hace algunos años tras el auge de casos como el del “Mochaorejas”. Refirió que aquella ley unificó criterios a nivel nacional, eliminó las disposiciones estatales y permitió mejorar la capacidad de reacción de las autoridades: “Esperamos que algo similar ocurra con la extorsión, es un delito difícil de perseguir, ya que puede realizarse desde un call center, con tecnologías que modifican voces y ocultan ubicaciones”, explicó. El jurista señaló que uno de los puntos centrales de la reforma es que la extorsión será perseguida de oficio, lo cual significa que las autoridades estarán obligadas a investigar y sancionar el delito desde el momento en que tengan conocimiento del mismo, sin que sea necesario que la víctima interponga una denuncia. Sánchez Ortiz explicó que, “por ejemplo, si encuentran el cuerpo de una persona sin vida, aunque no haya quien lo reclame, el delito se investiga de oficio, lo mismo aplicaría con la extorsión: si hay conocimiento del hecho, aunque la víctima no denuncie, el Estado debe investigar, dar con los responsables y castigarlos”. Consideró que esta medida podría tener un efecto positivo en la confianza de la ciudadanía, pues muchas víctimas de extorsión prefieren no denunciar por miedo o desconfianza hacia las autoridades. De acuerdo con Sánchez Ortiz, si la ley comienza a dar resultados reales —con detenidos, call centers desmantelados y una reducción en las llamadas—, más personas se animarán a denunciar. A pesar de la relevancia de la reforma, el abogado hizo hincapié en que la efectividad no está en el papel, sino en la implementación: “En México hay leyes para todo, incluso para sembrar café, pero el problema es que muchas no se aplican, necesitamos acción por parte de las autoridades, la ley parece estar bien diseñada, pero si no se aplica, será letra muerta”. Por último, el experto confió en que esta nueva legislación pueda convertirse en una herramienta nacional eficaz contra la extorsión, tal como ocurrió con la ley antisecuestro: “Si la gente empieza a ver resultados, acudirá a las autoridades, pero si no hay avances visibles, seguiremos en el mismo desencanto social”, señaló. El reto está ahora en manos del Congreso y de las instituciones de seguridad y justicia, la ciudadanía, por su parte, concluyó que espera una respuesta firme y efectiva ante uno de los delitos más comunes y silenciosos del país. Así las cosas.
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