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XALAPA.- Con todas sus letras, integrantes de la asociación civil Equifonía denunciaron que todo embarazo infantil, en niñas de entre 10 y 14 años, tiene su origen en un delito y representa un fracaso del gobierno. “La existencia de cientos de partos en niñas menores de 15 años evidencia no solo violencia sexual, sino también fallas institucionales por parte del sistema de justicia, el sector salud y los gobiernos municipales. Cada nacimiento que ocurre en niñas menores de 15 años es un fracaso del gobierno porque estamos hablando de víctimas de pederastia. Estamos hablando de niñas”, acusaron. La organización documentó casos en los que los hospitales no notifican a la Fiscalía cuando una niña llega embarazada, o bien, la Fiscalía no responde a los avisos. Estas omisiones afectan la cadena de custodia, ya que el tejido fetal puede ser evidencia clave y no se preserva conforme al protocolo. También se reporta inacción por parte de los sistemas DIF municipales, que legalmente deben brindar acompañamiento con enfoque de restitución de derechos. No se realizan diagnósticos de daño ni se garantiza acceso a salud, educación o justicia. “Hay niñas que fueron obligadas a parir tras ser violadas por hombres de 44 o 50 años, y ni siquiera existe registro oficial del agresor. No hay carpetas de investigación, no hay justicia, y las niñas siguen siendo revictimizadas por el propio sistema que debería protegerlas”. Además, las integrantes de Equifonía advirtieron que, pese a tratarse de víctimas de pederastia, las instituciones del sector salud vulneran sus derechos al negarles el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE). En ese sentido, denunciaron la falta de coordinación con la Fiscalía General del Estado, lo que impide identificar y sancionar al agresor. En Veracruz, más de 600 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz durante 2024, ubicando al estado en el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, solo detrás de Chiapas y el Estado de México. La organización Equifonía atribuye esta situación a la falta de coordinación entre instituciones públicas y a la omisión sistemática del Estado. En ese tenor, las abogadas y defensoras de los derechos humanos, Araceli González Saavedra, Adriana Fuentes Manzo, y Mary Beda Patlax, solicitaron a la gobernadora Rocío Nahle García y a la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns que informen cuáles serán las medidas que se tomarán para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes que permita poner un alto a los embarazos y nacimientos. Alertaron que los nacimientos en niñas de 10 a 14 años demuestran que la Secretaría de Salud de Veracruz y Dirección de Servicios de Veracruz (Sesver); así como las derechohabientes del IMSS- Bienestar; IMSS o ISSSTE no ofrecen a las menores de edad su derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE), y tampoco denuncian a la Fiscalía General del Estado (FGE). Hay casos en los que el sector Salud si ofreció el derecho al IVE y si lo practicó, pero no dio parte a la FGE, entonces no hubo castigo para el hombre que cometió pederastia. “Lo que nos dicen es que se debe garantizar la cadena custodia, porque aun cuando se practica la IVE, el caso se almacena porque no acuden ante la FGE, y lo mantienen en resguardo debe haber una mejor atención. Nos parece que la Gobernadora y la Fiscal tendrían que estar informando cuáles son las medidas que se toman para garantizar esta coordinación porque cada nacimiento que ocurre es un fracaso de gobierno”, reiteraron. Los nacimientos en niñas menores de 15 años se concentran en los municipios de San Andrés Tuxtla, con 25 casos; Veracruz, con 22; Papantla, con 18; Perote, también con 18; Coscomatepec y Las Choapas, con 16 cada uno; Xalapa, con 14; La Perla, con 12; Catemaco, Coatzacoalcos y Cosoleacaque, con 11 cada uno. Equifonía consideró que los embarazos infantiles no se concentran únicamente en zonas indígenas o de usos y costumbres, sino en colonias urbanas con altos índices de marginación. En ese sentido, Araceli González Saavedra informó que la mayoría de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, provienen de hogares que viven en condiciones de pobreza extrema. “No se les garantizan los derechos y se les está profundizando la vulnerabilidad en la que ya viven. La violencia sexual es un indicador de una serie de vulneración de derechos de estas niñas, se deben tomar medidas urgentes para que el daño causado a las niñas se reduzca. Es un fracaso de gobierno porque no se garantizaron sus derechos, las niñas deben estar estudiando y no gestando”, acusaron. Por lo anterior, la organización denunció que en hospitales como el de Yanga se ha brindado información deficiente o errónea a niñas y sus familias, lo que ha provocado que desistan del acceso a la interrupción legal del embarazo o desconozcan la posibilidad de dar en adopción al recién nacido. Por último, Equifonía exhortó al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General de Veracruz y a la Secretaría de Salud a informar públicamente qué medidas están aplicando para garantizar una verdadera coordinación interinstitucional ante los embarazos infantiles y la violencia sexual contra niñas. Así las cosas.
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