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XALAPA.- Este lunes 23 de junio arranca el periodo ordinario que aprobó la Comisión Permanente donde se busca discutir y aprobar un paquete de 16 reformas entre ellas la de formalizar la adscripción y funciona de la Guardia Nacional a la Sedena. A horas de que arranque el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, la dirigencia nacional del PAN adelantó su voto en contra a la reforma de la Guardia Nacional que formaliza su adscripción a la Sedena pues acusa que con ello se institucionaliza la militarización, pero sobre todo se pone en riesgo la democracia y los derechos humanos de los mexicanos. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, expresa: “El PAN votará en contra porque estamos del lado de la Constitución, de las libertades y del equilibrio de poderes. No vamos a permitir que, bajo el pretexto de seguridad, se imponga un modelo autoritario que pone en riesgo la democracia y los derechos de las y los mexicanos”. Según el dirigente priista, el Gobierno pretende disfrazar de armonización legislativa lo que en realidad es la consolidación de un modelo autoritario, opaco y regresivo. “No vamos a avalar una iniciativa que entrega el control absoluto de la seguridad pública a la SEDENA, sin rendición de cuentas, sin límites temporales y sin respeto a los derechos humanos”, expresa. Además, otorga a la Guardia Nacional facultades para geolocalizar y vigilar en tiempo real sin salvaguardas judiciales efectivas, atentando contra el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. Destaca que otorga a la Guardia Nacional facultades para geolocalizar y vigilar en tiempo real sin salvaguardas judiciales efectivas, atentando contra el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. Romero Herrera denuncia que con ella se está ampliando la jurisdicción militar a tareas policiales, en abierta contradicción con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual genera incertidumbre jurídica y debilita el acceso a la justicia. Advierte que la nueva Ley de la Guardia Nacional y el paquete de reformas asociadas representan una amenaza directa al modelo constitucional de seguridad pública, al institucionalizar la militarización total de una fuerza que debe mantenerse civil, profesional y sujeta a controles democráticos.
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