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Xalapa, Ver.-
Pese a manifestaciones y reclamos, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) le otorga una prórroga de cuatro años más a Martín Aguilar Sánchez para que continúe como rector de la máxima casa de estudios. Con ello, Aguilar Sánchez mantendrá su puesto para el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029. Esta decisión, tomada en un contexto de creciente inconformidad y cuestionamientos jurídicos y éticos, constituye un agravio sin precedentes a los principios que deberían regir la vida universitaria. En primer lugar, esta resolución contradice de manera abierta lo expresado por el Consejo Universitario General —la máxima autoridad de la institución—, que en su pasada sesión manifestó su rechazo al proceso de prórroga, señalando la falta de sustento legal y el daño institucional que ello implicaría. También desoye el clamor mayoritario de la comunidad académica y estudiantil, que exigía un proceso abierto, legítimo y democrático para la elección de la nueva rectoría. Hay que destacar que esta imposición vulnera los derechos humanos de quienes legítimamente aspiran a participar en la contienda rectoral, cerrando arbitrariamente el acceso a un proceso equitativo. Cancelar la posibilidad de renovación, pluralidad y alternancia representa una forma de exclusión institucionalizada ahora por la Junta de Gobierno que no puede ni debe ser normalizada. Pero más grave aún es el trasfondo ético de esta resolución. La Universidad Veracruzana ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico, autonomía y debate plural. Al desconocer estos valores fundamentales, la Junta de Gobierno ha traicionado a la institución que juró servir. Ha optado por una ruta autoritaria, cerrada y sin rendición de cuentas, más propia de regímenes opacos que de una universidad pública en el siglo XXI. Pese a que la Junta de Gobierno de la UV asegura que “se escuchó a todas las voces de la comunidad universitaria y se analizaron los resultados que hasta el momento ha dado el actual rector”. Esta decisión no solo hiere la legalidad, la representatividad y la ética universitaria; también compromete el futuro de la institución. De mantenerse esta imposición, los próximos años estarán marcados por una universidad fracturada, debilitada en su cohesión interna y sin posibilidades reales de crecimiento académico, científico o social. Los inconformes exigen que los integrantes de la Junta de Gobierno rindan cuentas de manera individual y pública. Cada uno debe responder ante la comunidad universitaria y ante la sociedad veracruzana por este proceder inédito, que rompe con toda tradición de respeto institucional. “La gravedad de esta decisión no puede diluirse en la responsabilidad colectiva: se requiere transparencia total, justificación argumentada y un escrutinio riguroso sobre sus motivaciones y consecuencias”. Aspirantes a rectoría de la UV externan: “Hoy más que nunca, es necesario alzar la voz con responsabilidad y convicción. Defender la autonomía universitaria no es solo una consigna: es una tarea urgente, ética y colectiva. La Universidad Veracruzana merece un rectorado legítimo, designado con base en la legalidad y el respeto a su comunidad”.
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