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XALAPA.- El ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, lamenta que el tribunal de Estados Unidos no aprovechara la oportunidad para permitir que la demanda de México contra fabricantes de armas de EU avanzara y, así, el País pudiera presentar pruebas que vincularan a las empresas demandadas con el daño sufrido por la violencia en la nación mexicana. Celorio es responsable del equipo que interpuso en 2021 la demanda de México contra ocho fabricantes de armas en Estados Unidos, por lo que expresó su sorpresa y descontento ante el fallo unánime de la Suprema Corte estadunidense que bloqueó el litigio. El ex funcionario señala que la jueza liberal Elena Kagan, autora del fallo, argumentó que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego a los traficantes mexicanos, por lo que Celorio interpretó esa decisión como una defensa restriccionista de la ley de inmunidades por parte de la Suprema Corte, con el fin de proteger a la industria armamentística de posibles demandas similares, como la que podrían presentar familiares de las víctimas contra la tienda que vendió el rifle usado en el atentado de 2019 en el Wal-Mart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos y 22 heridos. Enfatizó que la información de trazabilidad de las armas, desde su fabricación hasta su decomiso en México, no es pública, lo que dificulta la prueba de vínculo directo que exigía la Corte. En ese sentido, el ex consultor señala que la lección principal es la necesidad de hacer pública la información de trazabilidad de las armas, lo que, según él, cambiaría la conversación y aumentaría el costo político para la Suprema Corte al tomar una decisión como la que adoptó. Destaca, por otra parte que, a pesar de lo que parece una derrota, la decisión abre una vía para futuras demandas al requerir probar una participación activa de las empresas en la producción del daño, y en ese contexto hace un llamado a la sociedad civil y autoridades a insistir en la publicación de la información de trazabilidad y a exigir al gobierno de EU que convoque a la industria armamentística a establecer mecanismos de monitoreo y control de la venta de armas. Insistió en que la solución no es más armas, sino romper la cadena del tráfico. Además, recordó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLACA) en EU otorga una inmunidad casi plena a la industria, lo que resalta la necesidad de seguir presionando al Congreso estadunidense para que la revierta.
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