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Xalapa, Ver.-
En sesión privada, por unanimidad, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que "las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en su contra, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento". Y es que los ministros cuentan con "garantías especialmente reforzadas", dejaron el claro, por lo que, de esta manera se cancelarán todos los procedimientos que pudieran haberse iniciado, incluyendo lo relacionado con la presunta falsificación del texto con el cual se tituló Yazmín Esquivel Mossa. Lo anterior consta en resolución dada por el Pleno de la Corte a la consulta a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2023. Ese caso inició en la Corte, de acuerdo con el expediente el 17 de enero de 2023 a partir de las denuncias anónimas recibidas por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, y se formuló una consulta al máximo tribunal respecto de "la vigencia de los artículos 25, párrafo primero, y demás aplicables del Acuerdo General Plenario 9/2005" para determinar si existen facultades para investigar y sancionar presuntas faltas administrativas cometidas por ministros en activo y/o en retiro. En el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y que fue aprobado por unanimidad, establece que los integrantes de la Corte tienen "garantías especialmente reforzadas" que garantizan la independencia de la SCJN y "la de sus integrantes, distintas de las de otros órganos jurisdiccionales, que eviten la interrupción o perturbación de la función judicial suprema de la República, mediante denuncias frívolas o malintencionadas en contra de los ministros y las ministras. "Por tanto, válidamente podemos concluir que el cargo de ministro de la SCJN está protegido con garantías especialmente reforzadas frente a acusaciones de responsabilidad política y penal, e incluso, frente a su propia renuncia al cargo, con la finalidad de que el ejercicio de la función judicial, por regla general, no se interrumpa o perturbe durante el procedimiento y la destitución o suspensión del cargo, en caso de ser encontrados responsables de ilícitos graves que ameriten esas sanciones". La sentencia establece: el "Tribunal Pleno considera que una interpretación sistemática y funcional del marco constitucional vigente permite sostener que actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la SCJN. "Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse. "La interpretación conjunta de esos elementos permite considerar que mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se le has conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite. "Al respecto, este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal. "Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento".
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