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XALAPA.- El presidente municipal de Santa Ana Atzacan, Mario Alberto Vargas Amador, fue exhibido a través de un video difundido en redes sociales, donde entrega dinero a una familia a cambio de que apoyen con su voto a su esposa, Margarita Durán Alcántara, quien es candidata a la alcaldía por el Partido del Trabajo (PT). La grabación, de 5 minutos con 29 segundos de duración y aparentemente captada con un teléfono celular, muestra al alcalde en funciones en un inmueble cuya ubicación no ha sido confirmada ni se sabe a quién pertenece. En el lugar, el alcalde conversa con una familia que, además de recibir el efectivo, le recuerda que en su campaña anterior –cuando resultó electo alcalde– no cumplió con ciertos compromisos económicos. Durante el intercambio, Mario Alberto Vargas señala el momento dentro de la campaña electoral en el que se encuentran, haciendo ver que restaban ocho días para que concluyera la campaña, es decir que el video habría sido grabado el 21 de Mayo. "Se acabó, prácticamente, se acabó, ya estamos martes, mañana miércoles", expresa el alcalde. En el desarrollo de la conversación, Vargas Amador solicitó el respaldo para su esposa, a quien se refiere como “Maguito”, y admite que ella no tiene conocimiento de las acciones que él está realizando. "Vamos a echarle la mano con dos 500, le voy a echar la mano con dos 500. Ya por pronto los 50... La señora que va a pasar ahorita, vamos a dejar la más grande de ocho. Vayan a dejarlas no. Ya no alcanzó la lana, tengo 30", refirió el edil. La mujer, a quien presuntamente se le entregan los billetes, le reclama al alcalde la diferencia de lo acordado ya que menciona que les había dicho "que 5". A esto el presidente municipal responde que les dará la mitad y cuando termine, el resto, pero que cuenten con eso. La mujer cierra el diálogo con una expresión popular que sugiere la obligación de cumplir con lo pactado: "dijera uno, chivo pagado chivo brincado". El video encendió la alerta entre ciudadanos y observadores electorales, ya que podría configurar un delito electoral al tratarse de una presunta compra de votos. Hasta ni el edil ni el Partido del Trabajo han emitido una postura oficial al respecto.
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