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XALAPA.- De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Electoral Judicial, a menos de un mes de que se realicen las elecciones del Poder Judicial en México, el estado de Veracruz aparece como uno de los focos más preocupantes por su alta vulnerabilidad frente a la posible intervención del crimen organizado. El informe destaca riesgos similares a Veracruz en otros siete estados: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo Tabasco y Tamaulipas. Las advertencias surgen tras denuncias de candidaturas que podrían estar vinculadas a estructuras criminales, lo que ha encendido las alarmas sobre un nuevo nivel de cooptación: la del poder judicial. ¿Qué hace tan frágil al sistema judicial frente al crimen? Según el informe “el número doce publicado por este observatorio conformado por organizaciones como México Evalúa”, el peligro no radica únicamente en la violencia directa, sino en la debilidad institucional para enfrentarla. El documento refiere que estados como Veracruz enfrentan bajos niveles de capacidad investigativa y de respuesta ante la criminalidad organizada, lo que aumenta su exposición a la interferencia en los comicios. Además, el número de cargos que estarán en disputa en 2025 incrementa el riesgo. En entidades con amplias renovaciones en la judicatura, como Veracruz, las posibilidades de infiltración y manipulación por parte de grupos delictivos se disparan. Y es que, refirió, los grupos criminales no se conforman con intervenir en procesos legislativos o municipales. Ahora, apuntan a capturar los juzgados, influir en nombramientos clave y garantizar impunidad desde el interior del sistema judicial. El informe señala que las condiciones que provocaron violencia en elecciones pasadas siguen vigentes, con más fuerza, en estos estados. El pronóstico es más preocupante si se toma en cuenta que, en 2027, coincidirán elecciones políticas y judiciales a nivel nacional. Para ese momento, el debilitamiento de las instituciones electorales y judiciales podría facilitar una captura generalizada del Estado por intereses criminales. El informe insiste en la necesidad urgente de crear mecanismos de denuncia y protección que no existen actualmente. Así las cosas.
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