De Veracruz al mundo
Desplazados exigen regreso seguro a comunidades de la Sierra Tarahumara.
La caminata inició en la Plaza Hidalgo, frente al palacio de gobierno, donde el sábado instalaron un campamento para pasar ahí la noche y realizar un Encuentro Estatal de Personas Desplazadas 2025.
Domingo 04 de Mayo de 2025
Por: La Jornada
Foto: La Jornada
Ciudad de México.- Decenas de familias desplazadas por la violencia en la Sierra Tarahumara, pertenecientes a 10 comunidades indígenas y mestizas, realizaron un marcha desde el palacio de gobierno al edificio del Congreso del Estado Chihuahua, este domingo, para llamar la atención sobre su condición de desplazamiento forzado interno y exigir retorno seguro a sus territorios.

La caminata inició en la Plaza Hidalgo, frente al palacio de gobierno, donde el sábado instalaron un campamento para pasar ahí la noche y realizar un Encuentro Estatal de Personas Desplazadas 2025.

Participaron familias del municipio de Guanaceví, Durango, y del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua; también familias de El Vergel, Balleza; de la comunidad El Manzano, en Uruachi; y Monterde, municipio de Guazapares.

En un posicionamiento que leyeron al finalizar la marcha, voceros de las comunidades exigieron que se les reconozca como víctimas, acceder a apoyos de vivienda y que se avance hacia una ley general de desplazamiento forzado, así como incluir el delito de desplazamiento forzado interno en el Código Penal estatal.

Relataron que algunas personas fueron desplazados de la Sierra Tarahumara desde hace 15 años, por la disputa violenta de grupos armados que pretenden el control el territorio, y como consecuencia de la defensa del bosque, al oponerse a actividades de tala ilegal.

“Cada comunidad y familia ha vivido una situación distinta, pero las violencias siguen el mismo patrón, primero el asesinato de familiares o vecinos, reclutamiento forzado de jóvenes, golpizas, amenazas, violaciones, quema de viviendas, y finalmente el despojo de tierras, desaparición o desplazamiento de quienes no colaboran con los grupos criminales”.

Señalaron que los delitos cometidos son graves pero la calidad de víctimas les fue negada, por no poner una denuncia al momento del desplazamiento o no ratificarla, aun cuando son hechos de dominio público. “Salimos desplazados sin documentos, no accedemos a empleos, proyectos o becas del gobierno porque no estamos en nuestros domicilios, en la ciudad pasamos muchas necesidades”.

Exigieron que se investigue, detenga y procese penalmente a los responsables de la violencia en las comunidades, de no ser así, cualquier intento de regreso pone en riesgo sus vidas y, si el retorno seguro no es viable, solicitaron acceso a viviendas o terrenos, con espacio suficiente, donde sea posible vivir en apego a sus tradiciones.

Las actividades del encuentro iniciaron con una mesa panel el sábado, en la que se habló de la importancia de tener un marco legal suficiente a nivel nacional y local, así como reconocimiento de la existencia de este delito, con reconocimiento explicito en el Código Penal.

Además, la psicóloga Karina Baltazares, de la organización Prácticas Psicosociales, indicó la atención de las afectaciones psicológicas como prioridad para el acompañamiento de las familias desplazadas, esta atención significa que puedan transitar por sus procesos más fortalecidas y acompañadas.

Antonio Mendoza, oficial asistente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), informó de un ejercicio de caracterización entre personas desplazadas, el cual arrojó como principales necesidades el alojamiento, transporte y alimentos, mientras que los impactos más graves son los psicológicos, la pérdida de empleo y de ingresos.

Las familias dieron testimonio de las circunstancias en las que salieron de sus hogares y comunidades, así como de las condiciones en las que viven actualmente en ciudad Delicias, la capital del estado y Parral, sus necesidades para tener una vida más digna.

Durante el encuentro en la Plaza Hidalgo, se contó con la presencia del Instituto Federal de la Defensora Pública, cuyo personal atendió a familias afectadas dando asesoría legal sobre sus casos.

La exigencia de las familias afectadas, se dirigió a los gobiernos de todos los niveles, para que les otorguen ayuda humanitaria y que pacifiquen la Sierra Tarahumara.

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