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XALAPA.- Como parte de su estrategia para reforzar el control migratorio sin necesidad de declarar formalmente una emergencia bajo la Ley de Insurrección de 1807, la administración del presidente Donald Trump ha establecido una segunda zona militar en la frontera sur, esta vez en Texas. Es así que el “Área Nacional de Defensa de Texas”, como la ha denominado el Pentágono, abarca un corredor de 101 kilómetros de largo que se extiende desde El Paso hacia el este, a lo largo de la frontera entre Texas y Nuevo México. Esta franja se suma a la zona de defensa creada en abril en el estado de Nuevo México, que se extiende por 270 km y 18 metros de ancho. Según el Departamento de Defensa, estas zonas están diseñadas para permitir a las fuerzas armadas detener temporalmente a migrantes o personas que crucen ilegalmente, entregándolos después a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) u otras agencias civiles. De acuerdo con esta información, la medida evita el uso de la Insurrection Act, la cual permite movilizar tropas en respuesta a disturbios civiles, algo que Trump ha considerado innecesario hasta el momento. Hasta la fecha, 82 migrantes han sido acusados de ingresar a la zona militar en Nuevo México, aunque todos han sido manejados por CBP y no por tropas militares, según la Oficina del Fiscal Federal en ese estado. El despliegue fronterizo asciende a casi 12,000 soldados, en un momento en que los cruces ilegales han caído a niveles históricos. En marzo, el número de migrantes detenidos fue el más bajo registrado hasta ahora, según datos oficiales. Desde el gobierno federal se insiste en que estas zonas fortalecen la capacidad de respuesta ante cualquier repunte migratorio y blindan áreas sensibles para la seguridad nacional. En este marco, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, respaldó la medida y compartió imágenes de la colocación de alambre de púas en la zona: “Texas continúa trabajando con la administración Trump para detener la inmigración ilegal”, afirmó el pasado jueves en redes sociales. Desde el 2021, Abbott ha desplegado a la Guardia Nacional y a la policía estatal para tareas de seguridad en la frontera. Sin embargo, no todas las autoridades estatales coinciden. La gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, criticó duramente la creación de lo que calificó como una “zona de amortiguamiento para deportaciones”. A través de una publicación de marzo, calificó la medida como “un desperdicio de recursos y personal militar, especialmente cuando los cruces migratorios están en su punto más bajo en décadas”. Las zonas militares marcan un nuevo paso en la política migratoria de Trump, que insiste en deportar millones de personas indocumentadas durante su segundo mandato, con una narrativa de “mano dura” que ha polarizado a gobiernos estatales y organizaciones civiles por igual.
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